Unos 300 inspectores ya están en las calles controlando el abastecimiento de productos

Economía

Esgrimen el Código Penal y la Ley de Abastecimiento. Controlan precios y documentación. Las empresas advierten que se acelera el corte de la cadena de pagos por las restricciones de circulación de personas.

Con la puesta en marcha de una cuarentena amplia y obligatoria para toda la población, el Gobierno afinó por otro lado los mecanismos de control para evitar que se produzcan faltantes de alimentos de primera necesidad en los supermercados. Unos 300 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Secretaría de Comercio ya están en las calles controlando que no haya espacios en blanco en las góndolas, y que no haya abuso con los precios.

Los agentes esgrimen como fundamentos legales la Ley de Abastecimiento y al Código Penal. De este último, el artículo 300 reprime con prisión de 6 meses a dos años al que hiciera subir los precios de un artículo haciendo circular noticias falsas, o por acuerdo real o fingido con otros tenedores de mercaderías. También se castiga a los directivos de una empresa que traten de ocultar los estados contables reales. Las penas se agravan a 1 a 6 años para los que traten de sobornar a un inspector que lleve a cabo un operativo.

Por le lado de la Ley de Abastecimiento, la norma le permite al Poder Ejecutivo intervenir en prácticamente todo el proceso económico. Puede fijar precios, cantidades, obligar a una empresa a producir un determinado volumen, ejercer control sobre la rentabilidad de la misma, e intervenirla, todo por hasta 180 días. Una modificación de último momento introducida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Alberto Fernández, en el que se declaró la emergencia sanitaria, derogó el último párrafo del artículo 1 de la ley, que excluía de los controles a las micro, pequeñas y medianas empresas, con lo cual ahora el Gobierno tiene la potestad de intervenir en todos los sectores de la economía sin distinción de tamaño de las empresas.

Inspectores de la AFIP y la Secretaría de Comercio ya pusieron en marcha “amplios operativos” de control en farmacias, autoservicios y supermercados en el marco de la emergencia sanitaria establecida por el Gobierno nacional. En rigor, la mayoría de los agentes son de la AFIP. La Secretaría de Comercio cuenta con apenas unos 25 para todo el país. Ya se relevaron más de 100 farmacias y más de 50 autoservicios y supermercados en diferentes ciudades de CABA, la provincia de Buenos Aires y del interior del país.

“En los operativos se constató principalmente faltante de productos como alcohol en gel y alcohol etílico. En una cadena de farmacias se verificó no sólo la ausencia de productos básicos de prevención sino también comportamientos abusivos en materia de precios en barbijos y otros elementos de higiene”, informó la AFIP.

También los agentes procuran que los precios de unos 2.000 artículos de 50 categorías, cuyos precios fueron fijados como máximos al 6 de marzo pasado, se cumplan.

Por otro lado, en el Gobierno se analizaba la posibilidad de declarar a la Industria de la Alimentación como actividad de carácter ese “esencial” en el marco de la crisis que genera la pandemia de Covid-19. Tal declaración sería el equivalente a la de ciertos servicios públicos cuyo funcionamiento no puede nunca detenerse, por caso, las guardias de los hospitales. Aún así, en entre los industriales existe cierta tranquilidad. Si el objetivo del Gobierno es que no falten alimentos en las góndolas, los empresarios señalan que sus fábricas están al 60% de su capacidad productiva, lo que implica que están en condiciones de soportar un incremento fuerte de la demanda.

Ese no sería el mayor problema para los empresarios, porque en realidad, la crisis puede venir por la parálisis de la facturación. Según advierten desde el sector comercial, el corte de la cadena de pagos se acelera. En una nota dirigida ayer al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), califica de “severo” al freno de los pagos entre las empresas de la cadena productiva y dice que las medidas anunciadas por el Gobierno para evitar que se desplome la actividad “no va a resolver en lo inmediato”. Eso es porque todas las medidas para evitar el contagio del coronavirus apunta a evitar la circulación de personas, lo que provoca un desplome de la demanda. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por su lado reclamó una veintena de medidas para salir al paso, entre ellas, que se suspenda el cobro del Impuesto al Cheque, que se postergue por 90 días los plazos para ingresar a la moratoria fiscal, que se congelen tasas de créditos y que se posterguen tres meses los vencimientos de cuotas, entre otras medidas.

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