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Pero el tema de la obra nueva no era parte de la agenda planteada por la unidad de renegociación (Uniren) y, en principio, el gobierno busca excluir a los usuarios residenciales de ese costo, lo que supone un ajuste mayor para el resto de los consumidores.
La Uniren ofreció un período de transición mientras se realice la revisión tarifaria integral con un aumento de 10% en la remuneración de la transportista, que significaría una suba de alrededor de 5% en la tarifa de usuarios no domiciliarios.
En tanto, la empresa, que al igual que otras privatizadas no aceptó la propuesta de la Uniren, relató que «a partir de la crisis de 2001 la devaluación del peso frente al dólar fue de 190%, el aumento de precios mayoristas de 145% y de los precios al consumidor, 61%».
Perrone también afirmó que «la tarifa del transporte de gas natural se mantuvo sin variación y si nos remontamos al inicio de la licencia de TGS en 1992, mientras que los Indices de Precios al Consumidor subieron 70,2%, la tarifa de transporte de TGS cayó 1,8%».
TGS está controlada por una sociedad que comparten la quebrada Enron y Petrobras, y la primera no participa de la obra de ampliación. Se estima además que los representantes de esa empresa de EE.UU. (o de sus acreedores) serán muy reacios a renunciar al litigio contra el Estado nacional por la pesificación y congelamiento de las tarifas.
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