Dos de cada tres las familias pobres en la Argentina no tienen servicio de gas en red y se abastecen de este insumo con garrafas, que son siete veces más caras que el gas natural.
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Con estos datos, un informe difundido ayer por el Instituto para el Desarrollo Social-Argentino (IDESA)
demuestra cómo las políticas del gobierno de Néstor Kirchner, «basadas en precios congelados y en subsidios discrecionales que desalientan la producción y exacerban el consumo», terminan perjudicando a los hogares de bajos recursos y beneficiando a los sectores medios y altos, cuando deberían hacer lo contrario.
«En el manejo arbitrario de precios y subsidios se filtran irritantes redistribuciones de ingreso desde los hogares pobres hacia los ricos», concluye la consultora de Osvaldo Giordano.
Puntos salientes
A continuación, los puntos más importantes del informe:
El 67% del total de los hogares tiene suministro de gas en red.
Dos de cada tres familias que están bajo la línea de pobreza fuera de los beneficiosde la política oficial recurren a garrafas, que cuestan 7 veces más que el gas en red. También utilizan carbón y querosén.
De esta manera, la arbitraria configuración de precios que las autoridades han fijado tiene implícitos impactos distributivos muy regresivos.
El caso del gas sugiere que no cualquier estrategia de intervención garantiza mejores resultados que el aumento del precio del servicio.
El supuesto beneficio de no aplicar incrementos en el valor del servicio es menor que los costos que producen los cortes. Los problemas de suministro imponen serias restricciones a la calidad de vida de las familias y a la producción de las empresas.
Subsidiar de manera indiscriminada a todas las familias sin distinguir niveles de ingreso es regresivo. Mientras los sectores medios y altos aprovechan el subsidio,la mayoría de los hogares pobres no lo pueden usufructuar porque no tienen la conexión de red.
La política del gas es un ejemplo más de la acumulación de distorsiones e inconsistencias, pero no el único. Refleja una alta dosis de oportunismo político y la falta de buenas ideas para diagramar estrategias que permitan evitar la inflación y organizar adecuadamente la producción y la distribución de los servicios públicos.
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