El gobierno frenó ayer - antes que Hugo Moyano se pudiera reunir con Cristina de Kirchner (evento programado para la próxima semana)la posibilidad de avanzar con un régimen de doble o triple indemnización. Ante el viaje al exterior del ministro de Trabajo, Carlos Tomada (está en Ginebra en un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo, OIT), el encargado de refutar al camionero fue el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien no consideró la medida una « solución práctica» para evitar la pérdida de empleos. «Hay que trabajar en soluciones prácticas para el momento y no atarse a otras que son duraderas y después cuesta trabajo desarmar», dijo el funcionario, luego de haber recibido instrucciones desde Olivos, de parte de Néstor Kirchner.
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Hace unos días, había sido Tomada quien había rechazado la posibilidad, también luego de hablar con el ex presidente. En esa conversación, ambos habían concluido que la doble indemnización es un régimen ligado al duhaldismo (lo aplicó la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, a comienzos de 2002), y que su justificación sólo aparecería si el desempleo superara 15% o 20%. «Mientras mantengamos la desocupación en un dígito, ni se debe pensar en el tema», aseguraba ayer a este diario un alto integrante del gabinete.
Hasta anoche, el diputado oficialista y abogado laboralista cercano a Moyano, Héctor Recalde, continuaba con la redacción del proyecto de ley que prevé el pago de una indemnización doble y hasta triple para los despidos sin causa.
Además, otorga al trabajador la posibilidad de rechazar el despido y mantener su puesto de trabajo, aunque la empresa le ofrezca indemnizarlo.
Urgencia
Este proyecto será presentado a Cristina de Kirchner por la cúpula cegetista cuando la Presidente retorne de su viaje por el norte de Africa, en una reunión que la central obrera quiere mantener lo antes posible.
La idea del Ejecutivo sobre cómo enfrentar eventuales despidoses muy diferente de la que impulsa Moyano. Cristina de Kirchner, a instancias de Tomada, cree en la aplicación de los Programas Preventivos de Crisis (PPC), por los cuales cuando una empresa quiere avanzar en despidos generalizados y en la interrupción del vínculo laboral, directamente puede pedir intervención al gobierno para que negocie entre las tres partes cómo enfrentar la situación sin despidos.
La decisión de Trabajo podría ser luego congelar las desvinculaciones por hasta seis meses (en dos períodos de tres), y el sector público podría hasta asumir algún tipo de subsidio salarial para completar eventualmente el pago de no más de 30% del total del salario. Antes, la compañía debería concentrarse en la posibilidad de ofrecer reducciones de horarios, suspensiones con goce de haberes (aunque sean reducidos), adelantamiento de vacaciones o cualquier otro tipo de medidas que eviten la culminación del vínculo laboral. Asegura el gobierno que este esquema se está cumpliendo en empresas como Easy y algunos frigoríficos, y que sería el ejemplo para seguir si se multiplican los casos problemáticos como augura Moyano.
Según el Ministerio de Trabajo, los casos más complejos ante la amenaza de despidos se concentran en las multinacionales que deben cumplir órdenes de reducción de personal en todo el mundo emanadas desde las casas centrales. Para prevenir estos casos, una orden que cumple la cartera que maneja Tomada por estos días es seguir de cerca las noticias, sobre crisis y eventuales bancarrotas que aparecen en diarios del exterior sobre empresas trasnacionales con presencia en la Argentina. Luego de obtenido el dato, desde el ministerio se contactan con la sede local y consultan sobre la situación. Por las dudas, se aclara que de recibir órdenes de reducciones de personal, Trabajo está en condiciones de negociar un PPC para congelar la decisión.
Entre otras, ingresan en el listado de compañías que están siendo monitoreadas por el gobiernotres automotrices: Ford, General Motors y Mercedes-Benz. En los tres casos hay observadores que siguen los pasos de las terminales, especialmente en lo que respecta a la evolución de los planes de ajuste que diariamente se publican en los diarios mundiales. Una situación similar se plantea con algunos bancos. Es el caso del Citigroup y del HSBC, dos entidades que fueron noticia en los últimos días por los masivos despidos de personal que se anunciaron para sanear las cuentas internas y «volverse competitivos», según lo declarado por los ejecutivos responsables del primero. En ambas entidades, la comunicación con el gobierno se da en el marco de las negociaciones con La Bancaria, que había denunciado despidos y suspensiones en varias empresas del sector. El gobierno marca, en estos casos, que de confirmarse que el Citigroup o el HSBC concreten la ruptura de las relaciones laborales, podría darse la razón al gremio de Juan José Zanola y terminar con la conciliación obligatoria dispuesta la semana pasada.
Con menos énfasis, se sigue de cerca la situación de varias empresas de tecnología, como Microsoft, IBM, Yahoo y Google. Las versiones que circulan dentro del gobierno hablan de la posibilidad de que estas compañías, y otras del rubro, puedan avanzar también en eventuales despidos, lo que ameritaría, siempre según el gobierno, una embestida para evitar estas decisiones y aplicar, también aquí, los PPC.
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