La comisión bicameral que analiza la conducta del directorio del Banco Central emitirá hoy su dictamen, que sería enviado de inmediato a Fernando de la Rúa, recomendando la remoción de Pedro Pou, mientras que en el Poder Ejecutivo la decisión ayer parecía tomada. La inminencia de un pronunciamiento de esa comisión, que viene demorando el tema en espera de una decisión política del Ejecutivo, quedó en claro después de una reunión reservada entre Domingo Cavallo y un grupo de banqueros, donde se habló de Roque Maccarone como posible sucesor de Pou. Desde el radicalismo se seguía sosteniendo la candidatura de Ricardo López Murphy para el cargo. Si el dictamen aconseja la remoción de Pou y De la Rúa decide llevar adelante esa decisión, deberá firmar un decreto despidiendo a Pou de su cargo y nombrar un reemplazante inmediatamente. Para este caso la Carta Orgánica del Central establece la posibilidad de nombrar a un funcionario en comisión mientras el Senado debate el acuerdo que debe otorgar al jefe del Banco Central.
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Anoche el Presidente, Cavallo y otros miembros del gabinete nacional se reunieron para analizar la situación de Pou, después del pánico que produjo en el gobierno la estampida del riesgo-país. Mientras Cavallo en una conferencia de prensa afirmaba ser «absolutamente respetuoso» de la autonomía del Banco Central y que «le hemos pedido a la comisión del Senado que haga un análisis muy prolijo y que se tome el tiempo necesario», los diputados de Acción por la República hacían totalmente lo contrario. Presentaron un proyecto de declaración donde se establece la «necesidad de remoción del señor presidente del Banco Central, por incumplimiento de las funciones que le son propias al alentar la dolarización y no preservar el valor de la moneda». « Por acción u omisión, Pou parece ser el jefe de la operación que promueve la dolarización, tal como lo ha identificado el propio ex presidente Carlos Menem», dijo Marcelo Dragan, jefe de la bancada.
Ayer la revista «Veintitrés» publicó uno de los borradores del «consejo» que los senadores y diputados emitirán hoy consignando: * Que se revierte el argumento utilizado por Pou en la comisión, sobre que el lavado de dinero es un delito consumado previamente a la entrada del dinero en el circuito bancario, cuando se conforman los bancos cáscara destinados a ocultar el origen de dinero. Por el contrario, los legisladores consideran que es clave la intervención del sector financiero para que se cometa el delito. Este punto fue elaborado por el radical Raúl Baglini. * Consideran también que Pou ocupó un rol clave en la prevención de ese delito. El jefe del Central le había planteado a la comisión que si al BCRA le correspondiera alguna obligación respecto del lavado de dinero, ésta debía recaer en la Superintendencia de Entidades Financieras del banco. El equipo de la bicameral detalló cómo se toman las decisiones en el Central, con la participación de todo el directorio incluyendo, por supuesto, a Pou.
Irregularidades
* También consignará que el presidente del Central tenía conocimiento de irregularidades en distintos bancos. En este punto el informe no se limita a los ya conocidos República y Federal Bank y Mercado Abierto y MA Bank, sino que también incluye casos de quiebras que le generaron a Pou varias causas en la Justicia, como los bancos Mayo y Patricios. Cuando declaró ante los senadores, Pou dijo que nunca tuvo pruebas de la participación de Raúl Moneta en el lavado de dinero, sólo sospechas, y que nunca ordenó que se frenara una investigación. * Explicarán también que Pou decidió no sólo hacer la vista gorda ante esas irregularidades sino también continuar con la asistencia financiera a las entidades cuestionadas por sus mismos peritos.
Dos meses demoró en la bicameral el análisis de la responsabilidad del titular del Banco Central, Pedro Pou, respecto de operaciones de lavado de dinero en instituciones bancarias. En su reunión del martes pasado, los cinco integrantes de la comisión acordaron que hoy a las 15 se elevará el dictamen a la Presidencia de la Nación, con un criterio que aparece como casi unánime entre los miembros, de acuerdo con declaraciones que ayer hizo el neuquino Víctor Peláez; los cuatro representantes del oficialismo, los senadores Mario Losada y Alcides López y los diputados Baglini y Peláez, tienen definida desde hace una semana su idea, aunque con algunas diferencias en cuanto a la redacción final: piensan aconsejarle a De la Rúa la remoción del funcionario del Banco Central, mientras que el único justicialista, el senador Carlos Verna, aún no ha decidido cuál será su posición.
Toda decisión se vino postergando hasta ahora en espera de una definición política desde la Presidencia sobre qué hacer con Pou. Ninguno de los legisladores estuvo dispuesto a obligar al Presidente, mediante el dictamen de recomendación, a tomar una medida distinta de lo pensado por él. Pero con la crisis de las últimas dos semanas y las negociaciones y encuentros que tuvieron a Cavallo y a Pou como protagonistas, la posibilidad de acelerar el dictamen quedó en suspenso.
Sin embargo, hace una semana el panorama era distinto: Pou dijo mediante un comunicado que seguirá en el cargo «hasta 2004», tras una reunión con el ministro Cavallo en la que llegaron a un acuerdo sobre algunos temas que los separaban respecto de la ampliación de la convertibilidad al euro.
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