Revisión de cuentas en el Congreso anticipa conflicto

El miércoles pasado, el recinto de Diputados estaba listo para tratar el dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, órgano encargado, como su nombre lo indica, de realizar el control ex post de la ejecución presupuestaria de cualquier manejo de fondos por parte del Ejecutivo.

Sabiendo que el tema es álgido, no por nada se viene postergando desde hace años el tratamiento. Los diputados y senadores de esa comisión, encabezada por el santafesino Oscar Lamberto, dipusieron una serie de cláusulas de salvaguarda en el dictamen. Por ejemplo, incorporaron todas las objeciones que presentó el radicalismo al manejo de los fondos provenientes de las privatizaciones y la forma en que Menem y Domingo Cavallo las llevaron adelante.

Pero la temperatura subió aun más en torno de las privatizaciones cuando los legisladores comenzaron a recibir desde el viernes pasado el informe final de la Auditoría General de la Nación del contrato de privatización del control del espectro radioeléctrico que llevó adelante Germán Kammerath cuando ocupó la Secretaría de Comunicaciones, otorgando la concesión a la empresa Thales Spectrum.

Hasta ahora, habían existido denuncias al respecto, pero ahora los diputados tienen los números definitivos de esa privatización: según la auditoría de julio de 1997 a diciembre de 2001, la empresa recibió en pagos, por afuera del presupuesto, $ 358 millones -igual en dólares en ese momento- devengados y $ 339 millones cobrados. La tasa de utilidad neta, por un servicio que el Congreso considera incompleto y con dictamen de auditoría denunciando falta de control y negligencia de la CNT, se elevó a 153% en ese período. Esto significa 1.477% más que lo obtenido por el promedio de empresas cotizantes en Bolsa y 1.030% más que el resto de las privatizadas de servicios públicos. Mas allá del razonamiento, esos números ya están haciendo estragos en los pasillos del Congreso.

Conclusión: las disputas internas en el Legislativo están haciendo, una vez más, dejar como poco valedera la función del Congreso como órgano revisor de cuentas, sin ejercer la misma y minimizando el rol de ese poder como control.