Se aleja el país de FMI. Suspenden ejecuciones

Fue una sorpresa para todos los senadores, incluso los peronistas. Ayer, el gobierno cambió de posición y autorizó al Senado a convertir en ley otra polémica suspensión de ejecuciones hipotecarias. Esta vez será por 120 días y alcanzará a unos 9.000 casos de deudores morosos con entidades financieras y particulares. Es la misma ley que en Diputados había impulsado el duhaldismo junto con la oposición en medio de la campaña electoral. Ahora el gobierno apuesta a que la Corte Suprema se expida sobre la constitucionalidad de esas ejecuciones a tiempo antes de que venza esta nueva suspensión. Primó también la presión de deudores en el Congreso que amenazaron con escraches, se encadenaron y hasta hubo intentos de suicidio a lo bonzo. El costo que paga el gobierno es otra pérdida de seguridad jurídica que seguirá afectando al crédito y una mala señal al FMI antes de que se inicie una negociación clave con el organismo.

Miguel Pichetto

Hubo quienes lo interpretaron como una victoria post mórtem del duhaldismo, aunque ése no fue el sentido. Ayer el Senado convirtió en ley la suspensión de ejecuciones hipotecarias por 120 días. Es una medida de alto costo en imagen para el gobierno frente al sector financiero y el FMI y que Roberto Lavagna rechazó de plano cuando hace un mes los seguidores de Eduardo Duhalde se unieron a radicales, aristas y la izquierda para votarla en Diputados, en la única sesión donde la oposición consiguió quórum en contra del gobierno.

Era el momento más álgido de la campaña electoral y el Poder Ejecutivo prometía un tratamiento definitivo para el tema de las ejecuciones con una ley que no suspendía sino que refinanciaba deudas, en oposición a lo votado en ese momento. La norma aprobada establece un suspensión por 120 días corridos de las ejecuciones hipotecarias de viviendas únicas y beneficiaría a unos

9.000 deudores morosos. ¿Qué cambió entonces para que el martes a la noche la Casa Rosada diera el OK al bloque peronista del Senado para avanzar en una suspensión de los remates, cambiando la postura que mantuvo hasta ahora? Varias fueron las causas políticas y una, la principal, eminentemente judicial, que en ninguno de los dos casos evita la señal negativa que se dará nuevamente a la seguridad jurídica:

• Desde hace un mes los deudores hipotecarios vienen haciendo presión en el Senado para conseguir que se convirtiera en ley la suspensión que había votado Diputados.

Sabían que las posibilidades eran mínimas: aquella sanción había sido casi un acto político de campaña que el gobierno no avaló y el Senado era el ámbito propicio para frenarla.

Por eso se dedicaron a « marcar» a cada senador con pedidos de audiencia, manifestaciones y hasta alguna amenaza de escrache. En esa gimnasia cayeron desde Cristina Kirchner, Marcelo Guinle, Daniel Scioli hasta Miguel Pichetto. Es decir, los deudores fueron directo a quienes debían tomar la decisión. Ayer, para reforzar esa presión amenazaron con tomar el Senado, algunos se encadenaron a las vallas y hasta hubo dos amenazas concretas de dos morosos hipotecarios de incendiarse a lo bonzo.

• Pero en lo judicial está la explicación más concreta del cambio de postura oficial en contra de las pretensiones de Lavagna. La ley que creó el fondo fiduciario para refinanciar las deudas hipotecarias -con sede en el Banco Nación- fue declarada inconstitucional por la Justicia a pedido de acreedores particulares, es decir titulares de hipotecas no bancarias. A raíz de ese pronunciamiento judicial, comenzaron a aparecer casos de deudores que estaban pagando sus cuotas al fiduciario del Banco Nación por sus hipotecas refinanciadas y que al mismo tiempo eran llevados a remate.

• Apelación

Ese fallo de inconstitucionalidad fue apelado y está yendo a la Corte Suprema para que ésta se expida sobre la cuestión de fondo. Y éste es el punto central: el gobierno está convencido de que la Corte declarará la constitucionalidad del fondo fiduciario y por lo tanto los remates de quienes fueron allí incluidos deberán cesar.

«Pero mientras tanto siguen rematando», explicó ayer un senador peronista. «Ese fue el sentido de la votación: hasta tanto salga el fallo de la Corte, para evitar que continúenremates de quienes estánpagando, hicimos un par de consultas al gobierno y decidimos votar lo que vino de Diputados», dijo mientras en los palcos del recinto festejaba la Asociación de Deudores Argentinos.

«¿Es un acuerdo con el Poder Ejecutivo?», fue la pregunta. «Sí, ellos lo apoyaron y dicen que no lo van a vetar», ratificó el legislador.

Por eso ayer fue Pichetto, jefe del bloque PJ del Senado, el encargado de informar al resto de los bloques la sorpresiva intención de votar la suspensión.

Inmediatamente después de esa votación, los senadores comenzaron a debatir el proyecto que otorga mayores poderes a Roberto Lavagna para decidir sobre fusiones o compras de empresas que puedan derivar en monopolios o cartelización. El radicalismo pidió introducir una modificación -una cláusula que establece que las decisiones del ministro serán apelables, algo que por otra parte contempla el Derecho Administrativo- y el PJ, como no tuvo una respuesta a tiempo de Economía, decidió postergar esa votación para la semana próxima.