Los empresarios aceptarán incorporar los $ 150 que ya perciben sus empleados al salario mínimo. Ayer representantes de la Unión Industrial Argentina y de otras entidades salieron del despacho del ministro Tomada con expresión de alivio: el funcionario les prometió que ese monto no irá a los básicos de convenio. Se confirmó que habrá acuerdo de empresarios con la CGT para elevar el mínimo a $ 630. En el paquete de medidas del gobierno con vistas a las elecciones legislativas de octubre ya es un hecho que habrá una mejora en el salario de bolsillo para los que cobran entre $ 1.835 y $ 3.500 (dejarán de estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias). También aumentos en las asignaciones familiares. Esto no es gratis para el gobierno: son $ 1.000 millones anuales, demasiado para un país con las finanzas públicas muy comprometidas por los pagos de la deuda, nueva y vieja. Esto sin contar las complicaciones que genera en las provincias, que deben convalidar estos esquemas en sus empleados públicos. Dos hechos muestran claramente la inconsistencia de este paquete electoralista. El nuevo salario mínimo casi duplica los ingresos de los que hoy están empleados en negro en la economía. Muy lejos de la realidad. Y, además, el gobierno insiste en mantener el dólar cerca de 3 pesos, lo que condena a salarios bajos en la Argentina. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Brasil que deja caer el real por debajo de 2,40 y aun así exporta cada día más?
Es que el principal temor de los empresarios al encarar esta negociación es que el gobierno sea por convicción, por presiones de la CGT, por tratarse de un año electoral o por una combinación de estas tres variables se vea tentado de volver a dar aumentos por decreto. Después de un encuentro en el despacho de
La primera «cuota» de esta incorporación se hará con los sueldos de
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