El Gobierno nacional adjudicará el 90% de la empresa de agua y saneamiento del AMBA. Qué requisitos deberá cumplir la firma ganadora.
Consorcio argentino-holandés: Ofertó u$s340 millones por el 90% de AySA.
El Gobierno nacional abrió este jueves los sobres con las ofertas económicas para la privatización del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y la red cloacal en el AMBA. Un consorcio argentino holandés ofertó unos u$s340 millones y se quedará con la concesión.
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Cabe subrayar que los grupos que se disputaban AySA son Rowing S.A. y el grupo Roggio ROAS S.A.U. Por un lado, la oferta de Rowing S.A. involucra a Transclor, de Mauricio Filiberti; a la brasileña Arcos Saneamento e Participações (Grupo Equipav); y a PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.
Por otra parte, el segundo postulante era Roggio ROAS S.A.U. (Grupo Roggio), integrado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo opera actualmente Aguas Cordobesas y mantiene participaciones en servicios e infraestructura.
Según lo comunicado por el Gobierno Nacional, la oferta económica presentada por ROWING S.A. - Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX, fue de u$s340.200.000 mientras que ROGGIO ROAS S.A.- Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros presentó una oferta por un monto de u$s285.000.000.
De esta manera, se realizará la privatización al grupo Rowing S.A del 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Según lo establecido en los pliegos de licitación y lo comunicado por el gobierno, la empresa ganadora deberá ejecutar un programa de inversiones superior a los u$s2.000 millones entre 2027 y 2031. El esquema contempla obras de expansión, mantenimiento y optimización de las redes de agua potable y saneamiento.
Además, según la comunicación oficial, las obligaciones de inversión están vinculadas además a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente.
El procedimiento de la licitación se encuadró en la Ley de Bases, donde se declaró a AySA como una de las compañías estatales "sujeta a privatización", en articulación con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.
"Con las privatizaciones, la libertad y la Argentina avanzan" señala el comunicado del gobierno. El oficialismo subrayó que "AySA era un modelo de disfunción administrativa. Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de u$s13.400 millones".
En ese sentido, la administración libertaria aseguró que "un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%".
El marco licitatorio incluye además precisiones sobre la nueva estructura tarifaria, el modelo de financiamiento para los planes de obras y los esquemas de supervisión regulatoria.
El empresario Mauricio Filiberti fue uno de los actores clave del proceso licitatorio: es el dueño de Transclor, histórica proveedora de insumos de AySA, y de manera simultánea integra el consorcio ganador que encabeza Rowing S.A. Transclor provee insumos químicos esenciales para la potabilización del agua, entre los que destacan derivados del complejo cloro-soda y el policloruro de aluminio (PAC).
Tras confirmarse la adjudicación a favor del consorcio, una de las claves será la fiscalización del proceso de compras, la contratación de empresas vinculadas y las garantías de libre competencia entre proveedores.
Cabe subrayar que Filiberti también es accionista de Edenor, distribuidora que posee en AySA a uno de sus mayores clientes industriales debido al alto requerimiento eléctrico de las plantas de potabilización, los bombeos y las estaciones depuradoras.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) oficializó la convocatoria a audiencia pública para el 26 de octubre. En el encuentro se evaluará el pedido de AySA para actualizar los coeficientes zonales y el esquema tarifario, un movimiento considerado clave tras la privatización de la empresa.
El llamado se formalizó el jueves pasado a través del Boletín Oficial. El debate central girará en torno a la propuesta técnica presentada por AySA, que busca actualizar un esquema tarifario que no registra una revisión integral desde su diseño original.
La empresa plantea simplificar el esquema zonal del régimen no medido: la propuesta busca reducir los 11 coeficientes actuales —que oscilan entre 1,10 y 3,50— a una escala de 5 niveles que irían de 0,75 a 2,75.