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La entidad, que agrupa a funcionarios judiciales de todo el país, salió de esta manera a responder la acusación del tribunal a los jueces del fuero contencioso administrativo, a quienes adjudicó el «notable trastorno económico» que generaron los amparos concedidos a los ahorristas.
La asociación que preside Miguel Angel Caminos aclaró que tiene como «criterio inalterable» no emitir juicios sobre fallos, pero, ante uno de los considerandos de la resolución en la que se avaló la pesificación, entendió que no puede «silenciar» su posición.
En ese sentido, la agrupación afirmó que «la inocultable desconfianza de la sociedad en la Justicia se profundiza ante las descalificaciones de carácter general y perjudican el imprescindible fortalecimiento institucional que la Nación demanda».
Agregó que comparte «la justificada desazón de los jueces que intervinieron en las acciones de amparo, al ver menoscabada su investidura, probidad y convicción moral con la que han ejercido sus funciones».
La postura de la asociación fue dada a conocer luego de que la camarista en lo contencioso administrativo María Inés Garzón de Conte Grand pidiera un pronunciamiento ante la «imputación generalizada» de la Corte a todos los jueces de ese fuero.
La magistrada consideró que los ministros no guardaron «el respeto que los jueces se deben entre sí ni el que los jueces debemos a los profesionales intervinientes en las causas».
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