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Si cierta admiración de sectores medios y bajos urbanos -según afirman sospechosas encuestas- es el principal capital que tiene Néstor Kirchner, las patologías que comenzaron a aparecer en su «modelo» económico prometen pegar duro también en ese sector.
Las restricciones en el transporte de gas y, en consecuencia, en la generación de energía, se le vienen anticipando a esta administración desde que se hizo cargo de la Casa Rosada. Ya se escuchaban durante el gobierno de Eduardo Duhalde, al que se le dijo muchas veces que un proceso sostenido de recuperación económica estaría limitado si no se facilitaban inversiones en reposición de equipos, tecnología de punta y en el área energética.
La emergencia energética en la que ingresó el país es un revés doloroso porque pone en evidencia la dificultad del Presidente para aceptar y también dominar algunos principios fundamentales de la Economía o ser capaz de canjearlos por un éxito político efímero. Paga el gobierno en el campo de la energía el mismo precio que en el de las finanzas, donde también se buscó hasta ahora vencer la ley de gravedad en la negociación de la deuda pública, que se hace más costosa cuanto más tarde se la encara.
El gobierno intentó ahora desafiar la regla según la cual no existe crecimiento económico que se sostenga sin inversión, y la inversión depende de las expectativas de rentabilidad que, en el caso de servicios públicos, está determinada por las tarifas. Tan importante es que las empresas tengan rentabilidad -o sea ganancia- como resto para invertir. Pero más importante es lo primero, que no se vea como pecado o expoliación el ganar. Porque para el resto hay crédito. Y este gobierno cree que ganar es un vicio, como dijo Winston Churchill.
El muy bajo precio del gas en la Argentina hizo que se exagerara en el consumo de este combustible y, por lo tanto, que no haya posibilidad de proveerlo suficientemente por falta de gasoductos, aun cuando las productoras garanticen la oferta por lo menos para el nivel de demanda de este año. Sobre esto actúa también el mayor pedido por recuperación de la economía. Durante el primer trimestre de este año hubo un consumo diario promedio de 34,1 millones de metros cúbicos, comparado con el de 22,2 millones del primer trimestre de 2003. Se calcula que para este invierno harán falta 17 millones de metros cúbicos de gas por encima de lo disponible dadas las limitaciones de la generación y, sobre todo, del traslado.
Kirchner hasta ahora marcó límites -y no obró mal- a los concesionarios de servicios públicos. Pero cayó, lamentablemente, en el pecado de exceso, con bastante omnipotencia e ignorando «las consecuencias» de los caminos antojadizamente elegidos. Temprano, en julio de 2003, el ministro de Finanzas de Francia, Francis Mer, visitó Buenos Aires a pesar de la airada advertencia del ministro Julio De Vido de que «si viene a hablar de tarifas, que no venga». Mer -que decide en el Fondo Monetario Internacional el voto de su país sobre la Argentina- vino igual y dijo públicamente que no habría nuevas inversiones si no se reconocía una nueva tarifa a empresas cuya ecuación de ingresos había sido destrozada por la devaluación y la pesificación asimétrica (las «torres gemelas» de Eduardo Duhalde) y que en nuestro país la energía eléctrica está entre las más baratas del planeta. Gente como Mer no habla por hablar.
Ocho meses después, en el restorán Horcher de Madrid, el presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, le quiso hacer entender a De Vido que «si no prevés que no hay posibilidad de darle gas a todo el mundo, te darás de cabeza contra una crisis». El ministro contestó que «si se llega a ese extremo, la gente irá a golpear la puerta de las empresas», provocando la réplica de Cortina: «Julio, estamos hablando de servicios que la población asocia con el gobierno; tres días irán a las empresas y al cuarto, si siguen sin gas o sin luz, irán contra ustedes».
Se le advirtió siempre al gobierno -lo notaron muchas veces los lectores de este diario- que pagaría en algún momento su rechazo a crear un clima favorable a la inversión en el país. Kirchner elude ese reproche diciendo «no oigan lo que digo, miren lo que hago». Pues en el campo de la energía dijo y operó mal. Exageró el ataque a las empresas que pusieron dinero en la Argentina durante los años '90. Hasta las acusó, durante la primera visita a España, de no haberse ido a tiempo cuando llegó la crisis, «como hice yo con la plata de Santa Cruz». Tampoco atendió a las restricciones técnicas cuando le advirtieron que habría un déficit energético imposible de ser superado con voluntarismo. Kirchner tiene una tendencia a sospechar conspiraciones. Creyó que los que le aconsejaban recomponer los ingresos de las empresas de servicios lo hacían por un afán de lucro perverso, corriéndolo con la vaina de los cortes de energía. Aún ahora desde la Casa Rosada (Alberto Fernández) reclama que las empresas inviertan primero y después pidan tarifa.
Roberto Lavagna (hoy muy «aggiornado» y nada «alarguero» como fue) desde Lima, dijo lo obvio: que no hay inversión sin un marco regulatorio previo. Lavagna no es más virtuoso en esto que Fernández, pero cumple su rol: él tiene comprometido desde setiembre frente al Fondo Monetario Internacional una revisión de contratos que está pendiente desde que llegó al ministerio, en tiempos de Duhalde. Además, Lavagna disfruta inconscientemente del atolladero actual: al llegar al poder, lo primero que hicieron los patagónicos fue despojarlo de la Secretaría de Energía, materia que hasta ahora se suponía una especialidad de gente de Santa Cruz.
