El Fondo Monetario quiere tener el próximo 20 de agosto el acuerdo con la Argentina para aprobarlo en la reunión del directorio del organismo, el 2 de setiembre en Washington. Así, tendría resuelto el primer problema serio que es el vencimiento el 9 de setiembre de 2.900 millones de dólares. El Fondo -y la política para el continente de Estados Unidos- no puede lanzar a los argentinos a los brazos de una izquierda, porque logró mucho, pero no está seguro del futuro ortodoxo de Lula Da Silva y espera sacar, para que sirva de ejemplo (aunque tiene petróleo abundante, que no es para cualquier país) en el próximo plebiscito, a Hugo Chávez de Venezuela. No quiere más riesgos de amantes del castrismo, sobre todo porque quizás a fines del año próximo tenga otro con vocación de izquierda en el gobierno de Uruguay, como es Tabaré Vázquez. Si no fuera por esta perspectiva, Estados Unidos, y sobre todo, Europa dejarían derrumbar totalmente a la Argentina. Pero igual no se los ve dispuestos a regalar mucho en la gestión del acuerdo, que será sólo de reposición de fechas de vencimientos sin plata fresca. La variedad ahora es que el gobierno Kirchner quiere un acuerdo por 3 años, o sea el ideal para cualquier economía y cualquier país. Antes quería uno corto para no comprometerse mucho políticamente y perder imagen en elecciones provinciales continuas hasta fin de año. Pero ahora cambió. Con picardía, quiere el nuevo gobierno nacional un acuerdo largo para ir cumpliendo las metas de recaudación del Estado y de control de emisión monetaria y no meterse en las reformas estructurales de fondo, con lo cual iría ganando tiempo. El gobierno cree que sin apretar mucho puede hacer queridas y populares las ideas de izquierda, algo que el peronismo retrasó en la Argentina más que en otros países del mundo. El Fondo, a su vez, está al revés. Había dado un «miniacuerdo» -el actual que vence el 31 de agosto- para facilitar que la gestión Duhalde llevara adelante la elección de un nuevo gobierno con cierta paz y resultara ganador un presidente que pondría fin al odiado y desesperante diálogo del exterior con el ministro Roberto Lavagna, un especialista en postergar siempre todo. Ni imaginaba el Fondo -ni prácticamente nadie- que resultaría ganador un casi desconocido gobernador del Sur, para colmo con ideas de centroizquierda (y más de izquierda que de centro) que, además, mantendría en su puesto al odiado por el exterior, Lavagna. Con esta perspectiva, el Fondo, aunque esté dispuesto a ser «bueno», no cree ahora que se pueda hacer un acuerdo de largo plazo, salvo un milagro de que el postergador Lavagna (con mucho menos respaldo ahora que con Eduardo Duhalde) aceptara condiciones en serio (aumento de tarifas inmediatas, reformas estructurales de fondo, pago a acreedores privados, un superávit fiscal que, exigido a 4,5%, no está dispuesto el Fondo a bajar a menos de 3,5% por lo menos para el primer año, etc.). Por eso en estos 7 días se buscará lo casi imposible: un acuerdo a cumplir de 3 años con el Fondo cediendo el gobierno casi nada. Se cree que se paga el vencimiento de setiembre con reservas -no lo perdonaría la izquierda nativa- o se salva a la Argentina del default total (hoy limitado a privados) con otro miniacuerdo. Lo cierto es que comienzan los días más cruciales desde que Kirchner asumió la Presidencia. Los que le exigirán más definiciones que no hacen a las cortinas o pintura del hogar sino a los cimientos. Por última vez, quizá, Roberto Lavagna podrá juguetear con prórrogas.
La discusión ingresará ahora en el terreno de definiciones políticas entre el Fondo y el equipo económico, incluyendo la redacción del borrador de la carta de intención del acuerdo.
Además de las tarifas, también se incluirá en la discusión el nivel de esfuerzo fiscal que deberá comprometer el gobierno hasta 2006, la determinación de los bancos insolventes que hay en el sistema y la quita que sufrirán los acreedores argentinos con bonos en default.
Las negociaciones serán encabezadas directamente por
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