Sin acuerdo por ajuste salarial

Se alejó ayer la posibilidad de resolver la continuidad del aumento de los 100 pesos para los empleados privados, o su eventual aumento a $ 150, por consenso entre los empresarios, los sindicalistas y los ministerios de Economía y de Trabajo; con lo cual el gobierno se encamina a decidir el destino de este incremento salarial por decreto. La fecha lí-mite para anunciar un acuerdo sectorial sería el 9 de diciembre y lo que se espera es que el gobierno insista en elevar la suma del aumento a 150 pesos pero manteniéndolo en el régimen como no remunerativo y sin la posibilidad de tomarlo a cuenta de impuestos.

La principal novedad surgida ayer en el encuentro fue probablemente el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), representada por Roberto Sericano, que descartó la posibilidad de tomar el aumento a cuenta de impuestos. Según el funcionario «siempre que se acordó una medida a cambio de un pago de impuesto se logró la pérdida de recaudación como pasó con los planes de competitividad». Sericano recordó además que precisamente este tipo de planes son cuestionados actualmente por el FMI que pidió expresamente que se los elimine por ley; con lo que dejó entrever que de avanzar con este tipo de propuestas se generarían más ruidos en las negociaciones con el Fondo. También sobre este tema el representante del Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación de Políticas Internas, Carlos Llaurado, que en todo momento mencionó al aumento como de 150 pesos descartando virtualmente la posibilidad de los 100 pesos, habló sobre las dificultades de instrumentar «un nuevo subsidio». La contestación al argumento la expuso el delegado de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresariales (CAME), Vicente Lauren-zo, que descartó que la posibilidad de cruzar impuestos a cambio del aumento «sea un subsidio» que trata de «resolver una imposición del gobierno». Pidió además tomar a cuenta de los aumentos el impuesto al cheque, ya que «la ley de creación de este tributo habla de un impuesto a cuenta y no de una carga definitiva». Inmediatamente el Ministerio de Trabajo, representado por el subsecretario de Relaciones Laborales, Jorge Rampoldi, dejó en claro que la decisión final del gobierno es mantener el «poder adquisitivo de los trabajadores», lo que deberá «ser tomado en cuenta en las negociaciones», una obvia presión para los empresarios.

Desde la Confederación General Económica se insistió en «computar el aumento como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias», mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) planteó «computarlo a cualquier gravamen». Luego, la Cámara Argentina del Comercio (CAC) «pidió una contraprestación impositiva y reclamó que el aumento a los empleados se lo puedan pagar con bonos o tickets canasta» y las cámaras empresarias de servicios puntualizaron que les era imposible pagar 100 o 150 pesos, en cualquiera de las circunstancias. Nuevamente Sericano descartó la posibilidad de tomar a cuenta impuestos a cambio del aumento.

• Intención

Llaurado terminó su presentación reconociendo que la intención de Economía «tiende a que el ingreso vaya al consumo y habiéndose afianzado ahora algunos indicadores económicos, podría ser de 150 pesos», con lo que definitivamente al finalizar el encuentro quedó en claro que la intención primaria del gobierno de Eduardo Duhalde es llevar el aumento salarial a los 150 pesos sin la posibilidad de que este incremento pueda ser tomado a cuenta de impuestos. Como contrapartida, este aumento no será remunerativo (no podrá tomarse en cuenta para horas extra, despidos, vacaciones, tickets, etc.).