28 de agosto 2003 - 00:00

Suspenden 30 días las ejecuciones

Pensando en el registro para deudores hipotecarios, los bancos privados ayer anunciaron que habrá plazo de un mes para las ejecuciones hipotecarias a partir del 2 de setiembre. Esta prórroga voluntaria despeja así uno de los aspectos principales que reclamaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un acuerdo con la Argentina, ya que el organismo multilateral rechaza la intervención del Estado en lo que considera un acuerdo entre partes.

Ayer la Asociación de Bancos de laArgentina (ABA), que reúne a los bancos de capital extranjero; laAsociación de Bancos Argentinos (ADEBA), que aglutina a las entidades de capital privado nacional; y la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra), anunciaron la decisión de prorrogar por 30 días más la suspensión de las ejecuciones hipotecarias.

La iniciativa de las entidades financieras procura que los titulares de créditos hipotecarios, cuyas viviendas únicas se encuentren en situación de ser ejecutadas, tengan más tiempo para anotarse en el Registro de Ejecuciones Hipotecarias --Vivienda Unica-Ley 25.737, creado por el Ministerio de Economía, que se extiende hasta el 9 de setiembre próximo.


• Encrucijada

La segunda prórroga a la suspensión de ejecuciones hipotecarias con el sistema financiero que había sido aprobada por el Congreso, y vence el próximo 2 de setiembre, con lo que el Ministerio de Economía se encontraba en una encrucijada, ya que el FMI reclamaba que el Estado se mantuviera al margen de las discusiones, como uno de los pasos previos para cerrar un acuerdo. Precisamente, el Palacio de Hacienda quiere alcanzar un entendimiento con el organismo multilateral de crédito antes del 9 de setiembre próximo, cuando debe afrontar vencimientos impostergables por cerca de 2.900 millones de dólares.

De esta manera, los bancos confirmaron que no ejecutarán garantías hipotecarias hasta el 2 de octubre.

«El objeto de esta suspensión voluntaria por parte de sus entidades socias es el de facilitar al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, el logro de una solución adecuada para los inscriptos en el Registro de Deudores Hipotecarios de vivienda única», destaca un comunicado de Abappra que se difundió anoche y que está en línea con lo expresado por el resto de las entidades.

El Banco Nación fue incluso más allá y aseguró que «no producirá ningún hecho que modifique la situación de los deudores hasta tanto el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, encuentre una solución para los inscriptos en el Registro de Deudores Hipotecarios de vivienda única».


«ABA considera que el método establecido por la Ley 25.737 es el instrumento adecuado para identificar los casos afectados por la emergencia y que, por lo tanto, justifican medidas de excepción», explicó la entidad.

Hasta el momento se inscribieron en el registro de morosos hipotecarios en trámites de remate apenas 3.747 deudores. De ellos, 2.872 son deudores de bancos, los cuales se verán favorecidos por esta medida, mientas que los restantes 875 casos tienen deudas con privados.
Para estos casos el Ministerio de Economía envió ayer al Congreso un proyecto de ley por el cual a los acreedores privados, que están llevando adelante los procesos de ejecución, se les exigirá un certificado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el cual se consigne que no tienen deudas impositivas. La ausencia de ese certificado no impedirá la ejecución de la garantía, pero al momento de obtener el dinero de esa ejecución, la AFIP se quedará con un porcentaje de lo obtenido por el acreedor, monto que definirá el Congreso.

Fuentes del sector revelaron que la intención es que las partes se sienten a negociar para encontrar una salida para las deudas con privados, que son difíciles de resolver mediante una legislación por la disparidad de casos.

Por su parte, ADEBA señaló a través de su titular,
Jorge Brito, que «ninguno de nuestros bancos tiene la intención de ejecutar a nadie».

• Solución de fondo

En sintonía, ABA defendió la necesidad de preservar la institución de la garantía hipotecaria como instrumento de crédito, al tiempo que sostuvo que la solución de fondo del problema pasa por encontrar mecanismos específicos que contemplen la situación de los más afectados por la crisis.

También destacó la necesidad de evitar normas de carácter general, que puedan quitar credibilidad y valor a la garantía hipotecaria como institución crediticia.

«Preservar la institución de la garantía hipotecaria como institución crediticia es clave para recuperar el mercado del crédito»,
dijo por su parte el presidente de ABA, Mario Vicens. Ayer las asociaciones de deudores hipotecarios habían solicitado que se suspendieran las ejecuciones por decreto presidencial, para evitar que la Justicia libere los remates pendientes por juicios iniciados por acreedores privados.

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