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Para apurar el trámite legislativo, el bloque del Frente para la Victoria-PJ convocó a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General -que preside el hiperkirchnerista senador santacruceño Nicolás Fernández-, para emitir el dictamen que será debatido en ambas cámaras.
El gobierno, al enviar a mediados de la semana pasada la iniciativa al Parlamento, pidió a los legisladores oficialistas celeridad en el tratamiento, debido a que el lunes vencieron los 120 días hábiles que regían para la suspensión de los remates.
El apuro del gobierno por convertir en ley este tema demuestra el interés político de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía, ya que el año pasado fue el oficialismo el que se oponía a dar quórum para tratarlo en Diputados. Eran los momentos previos a las elecciones legislativas de octubre pasado y el Frente para la Victoria quería paralizar la actividad parlamentaria hasta después de los comicios.
La Asociación Deudores Argentinos (ADA) protestó el lunes frente a la Cámara alta para criticar el contenido de la iniciativa oficial, por entender que no resuelve la cuestión de fondo. Según ADA, el proyecto no evitará la ejecución de los inmuebles. La propuesta obliga al deudor y al acreedor a concurrir a una audiencia de conciliación para intentar acordar una salida, que luego deberá ser homologada por la Justicia. Durante la conciliación, el deudor podrá ofrecer al acreedor una nueva oferta de pago. Actualmente, está prohibido que el deudor realice una oferta diferente a la que resulte de la conversión del dólar a un peso más el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La diferencia -de llegar a un acuerdo- deberá ser abonada por el deudor, ya que la norma establece que el Fondo Fiduciario del Banco Nación sólo cubrirá la deuda que resulte de la ecuación un peso más CVS. De llegar a un pacto, ambas partes deberán homologar el acuerdo ante la Justicia, bajo la teoría del esfuerzo compartido entre las partes. No obstante, la ley no prevé qué mecanismos se utilizarán en el caso de que acreedores y deudores no se pongan de acuerdo durante la conciliación obligatoria. La norma incluye a los deudores hipotecarios de vivienda única y familiar cuyo valor no supere los 100 mil pesos, que hayan adherido a la ley 25.798.
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