El gobierno había lanzado hace poco más de un mes un ambicioso plan para "terminar definitivamente con el trabajo en negro". Había prometido lanzar a la calle más de 3.000 inspectores de la AFIP y del Ministerio de Trabajo, quienes no iban a discriminar entre grandes, medianas y pequeñas empresas ni comercios en infracción. Sin embargo, casi nada de lo anunciado se dio en la práctica. Extraoficialmente se dice que el gobierno prefirió no insistir debido a que los principales evasores previsionales son pymes, y una acción de este tipo habría provocado cierres de establecimientos e incrementado el desempleo. Fueron sensatos. Por otra parte, se señala que se trataba de una medida antipática de implementar en medio de los procesos electorales en Capital y provincias.
Fuentes del Ministerio de Economía aseguraban ayer que la intención del gobierno es la de
Además, dentro de la Casa de Gobierno se interpretó como una mala señal
Habrá que ver si esta actitud se mantiene o si finalmente la amenaza de realizar operativos de control del trabajo en negro masivos se pone en práctica.
