En el paso previo al desistimiento definitivo, Telefónica suspenderá su demanda contra el Estado nacional por más de u$s 2.800 millones, la más alta de las presentadas hasta ahora ante el tribunal del Banco Mundial. Tiene un significado político: se firmó mientras está en Buenos Aires el canciller español, Miguel Angel Moratinos. De esta forma, España vuelve a actuar su rol de intermediario entre Néstor Kirchner y las empresas. También defiende sus negocios. A cambio de suspender el juicio, Telefónica logró, entre otras cosas, que se cerrara una discusión sobre sus obligaciones contractuales y se admitiera un cumplimiento "aceptable". También obtuvo un leve ajuste en llamadas urbanas por reducción de descuentos.
El presidente Néstor Kirchner -junto al canciller español, Miguel Moratinos- y los ministros
De Vido y Miceli aplauden ayer al presidente de Telefónica, Mario Vázquez, en el acto en
la Casa de Gobierno, donde se rubricó el acuerdo.
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A cambio, la empresa logró el reconocimiento oficial de que cumplió «aceptablemente» con las condiciones establecidas en el contrato y en el marco regulatorio, y que «sólo han existido incumplimientos puntuales que han sido objeto de sanciones».
Desde el punto de vista de las tarifas, no hay un aumento en el precio de las llamadas.
El acuerdo también incluye el ajuste del precio de la terminación de las llamadas entrantes de larga distancia internacional. El valor se triplicará (o dicho de otra forma, se dolarizará), pero no lo pagarán los usuarios de nuestro país, sino quienes realicen llamadas desde el exterior.
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