Tarifas: empresas se niegan a porcentualizar los aumentos

La mayoría de las empresas privatizadas se niegan a presentar una propuesta concreta de aumento de tarifas. Según lo decidió la comisión renegociadora de los contratos de servicios públicos, las compañías deben presentar en el plazo de cinco días que vencen el próximo viernes «sus requerimientos en materia de ajustes tarifarios de urgencia», los cuales «serán puestos en consulta pública».

Las empresas ya saben que el gobierno autorizará una suba no mayor a 10% en promedio, con escalas diferenciales por nivel de consumo, de modo que no haya ajuste para los que menos gastan, que son los sectores de menores recursos.

Por eso, la exigencia de que presenten una propuesta, generó fuerte malhumor en las privatizadas. «Quieren que nosotros pongamos un número para que corramos con el costo político del aumento, cuando en realidad es imposible pedir lo que realmente se necesita para recomponer la ecuación económica de los contratos, y ya se sabe que el gobierno no autorizará subas mayores a 10%», dijo ayer el vocero de una empresa de gas.

Fuentes vinculadas a Aguas Argentinas aseguraron, en el mismo sentido, que «el gobierno debe reconocer de una manera más explícita la necesidad de un aumento y es el que debe fijar el porcentaje».

Añadieron que «cualquier aumento en las condiciones que el gobierno marcó -sólo para cubrir lo que falta para garantizar la operación y el mantenimiento del servicio- es un paliativo para darle más aire a la caja, pero no permitirá recomponer los contratos».

• Antecedentes

Este nuevo contrapunto entre privatizadas y gobierno tiene antecedentes que lo explican:

• En febrero se formó una comisión renegociadora de los contratos que pidió numerosa información a cada compañía sobre «cómo la había afectado la devaluación», pero transcurrieron los 120 días que tenía de plazo y ese organismo no tomó ninguna resolución.

• En dos oportunidades -principios de junio y fines de julio- el gobierno dejó trascender que era inmediato un ajuste de emergencia por decreto para luz, gas, y Aguas Argentinas, y terminó desmintiendo la información que había divulgado.

• Desde fines de julio se sabe que no puede haber ajustes sin audiencia pública, porque así surge de varios fallos judiciales que sirven como antecedente.

• Pero el gobierno dilató dos semanas la decisión de convocar a las audiencias públicas, que finalmente anunció el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, pero en el comunicado del viernes, se habla de «consulta pública de conformidad con las normas vigentes», lo que no se sabe cómo interpretarse, ya que en algunos servicios, como los teléfonos, las audiencias no son obligatorias.

Una minoría de las empresas cree que «esta vez va a haber aumentos porque el respeto por los contratos es uno de los elementos -junto con el «corralito»- para gatillar el acuerdo con el Fondo». Por el contrario, en la mayoría de las compañías sigue predominando el escepticismo.

Luego de que este viernes, las compañías presenten sus propuestas, los entes reguladores deben fijar fecha de la audiencia, pero dando un plazo mínimo de tres semanas para que las partes interesadas vean el expediente con el requerimiento presentado.

Las audiencias se concretarían en la segunda quincena de setiembre, aunque algunas entidades de consumidores dijeron ya que objetarán las convocatoria, porque «los aumentos ya están decididos».

Recién a fines de ese mes, el gobierno podría autorizar la suba «a cuenta « de una futura renegociación completa de los contratos de concesión. Sin embargo, el próximo miércoles la Cámara de Diputados daría media sanción a un proyecto según el cual todo lo que tenga que ver con los servicios públicos, deberá ser refrendado por el Congreso.

Si ese proyecto se aprueba, el Ejecutivo deberá elevar los nuevos cuadros tarifarios al Congreso, y éste debería tratarlo durante octubre, en pleno proceso político por las «internas» para la elección presidencial.

En las empresas privatizadas, se teme que «en el mejor de los casos haya un ajuste mínimo de 10% tal como se venía proyectando, lo que no cubre ni la inflación acumulada, y después habrá que esperar a que asuma el próximo gobierno y que se tome unos tres meses para decidir sobre el tema, con lo cual se llegaría a julio de 2003 con un fuerte retraso tarifario, además de dificultades para mantener la calidad de los servicios por falta de caja».