Por lo menos media docena de provincias está analizando si incluye o no los bonos emitidos con cotización internacional en el canje de deuda. El temor de los gobernadores es que si aceptan que estos títulos formen parte de la reestructuración, podrían llover demandas judiciales de los inversores externos.
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Tierra del Fuego dio ayer el puntapié inicial, al anunciarle al Ministerio de Economía que excluyera el bono Albatros. Se trata de un título emitido en 1997 a diez años de plazo, con garantía de regalías hidrocarburíferas, con un monto remanente que ahora sólo llega a u$s 22 millones.
De acuerdo con el análisis efectuado por el equipo de abogados que asesora a la provincia, si finalmente se incluyen los títulos, podría desencadenarse la cláusula de «aceleración». Esto implica que los inversores podrían considerar a la provincia en default y, por ende, exigir en forma inmediata la devolución del capital y de todos los intereses futuros.
Pero otras provincias están en situaciones parecidas. Salta, por ejemplo, consiguió financiarse a través de una estructura que en noviembre de 2000 había conseguido la calificación de «investment grade», es decir, que se consideró ampliamente confiable. Se trata de un fideicomiso de u$s 234 millones también con cobertura de regalías hidrocarburíferas, cuya custodia está en manos de un banco estadouni-dense.
Ante esta situación, el gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, habría definido también dejarlo afuera del canje. Ahora, ninguna provincia pensó si pedirle o no algún tipo de resarcimiento al gobierno nacional por no incluir estos títulos.
La lista de provincias que emitieron bonos internacionales (obviamente en forma voluntaria) son, además de Tucumán y Tierra del Fuego, Mendoza, Santiago del Estero, Formosa, Ciudad de Buenos Aires y San Juan.
Algunos distritos, como Tierra del Fuego y Salta, aún no firmaron el nuevo acuerdo de coparticipación con el gobierno nacional. No obstante, igual fueron incluidas en el canje de deuda provincial, que abarca una cifra cercana a los u$s 22.000 millones.
Las provincias petroleras emitieron con respaldo de garantías hidrocarburíferas (Salta, Mendoza y Tierra del Fuego); otras, con la cobertura de la coparticipación (Formosa, San Juan y Tucumán); y otros, que salieron sin garantía, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de colocaciones que están en poder de bancos locales y, en menor medida, AFJP. Pero también son títulos que terminaron en carteras de banca privada de bancos internacionales.
En cambio, la deuda de las provincias con los bancos sí entra totalmente en la operación. Aquí se incluye un total de créditos por cerca de u$s 7.800 millones.
Incluso, otros bonos provinciales sí formarán parte del canje de deuda, siempre y cuando haya interesados en presentarse. Se trata de todos los títulos de consolidación de deudas (principalmente con proveedores) que emitieron las provincias en los últimos años.
Estos títulos no tienen garantías especiales y se rigen enteramente por la ley argentina, con lo cual no habría mayores inconvenientes para canjearlos.
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