Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa que opera las líneas Mitre y Sarmiento, amenazó ayer con reducir en 15% los servicios electrificados, si no se la exime de pagar las multas por el PUREE (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica).
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El reclamo es el primero que se conoce públicamente, aun cuando el PUREE rige desde 2004, y es una forma de requerir un aumento del subsidio que reciben los ferrocarriles para cubrir sus gastos corrientes. Pero TBA preferiría, más que una compensación en dinero, ser excluida directamente del programa de ahorro energético.
TBA es una concesionaria controlada por el grupo Plaza de los hermanos Cirigliano, de fluida relación con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Por eso, es probable que el comunicado de la empresa ferroviaria se vincule a la interna dentro del Ministerio de Planificación que adquirió mayor dimensión después de la elección del domingo, cuando empezó a trascender con más fuerza que la presidenta electa tiene mejor diálogo con el secretario de Energía, Daniel Cameron, que con el titular del área, Julio De Vido, y con Jaime.
Según el comunicado de TBA, «las multas que pagan las empresas ferroviarias van a parar, en su mayor parte, a las distribuidoras eléctricas y el gobierno autorizó a estas empresas a cobrarse un ajuste de 10% del fondo que concentra las penalidades del PUREE».
Por una resolución de la Secretaría de Energía, por ahora sólo la distribuidora Edenor está autorizada a utilizar parte del excedente generado por el PUREE para cubrir mayores costos a partir de octubre (pero con retroactividad a mayo), con el requisito de que esos fondos sean utilizados para mejorar la red eléctrica, con vistas a la demanda de verano. Hasta octubre, los recursos se giraban mensualmente a un fondo que maneja el Estado.
TBA dijo que pagó más de $ 8 millones en total desde el inicio del programa de ahorro, y que en setiembre las multas ascendieron a más de $ 600.000. Un vocero aseguró: «Nos piden más servicios y después nos penalizan».
El entredicho se corresponde también con las sospechas que suscitan los subsidios que paga el Estado nacional: aumentan año tras año, pero la calidad del servicio sigue sin mejorar. En el caso del TBA, los mayores problemas se verifican en el Sarmiento. Según el vocero de la empresa, TBA recibe un subsidio de $ 17 millones mensuales que no le alcanza para cubrir los gastos salariales, y tiene una recaudación de $ 9 millones, con los que se haría cargo de otros gastos corrientes. Cuando realiza una obra o incorpora un tren nuevo, el Estado se hace cargo del desembolso tras la presentación del certificado de obra. El grupo Plaza es dueño de varias líneas de colectivos que también están subsidiadas y que al igual que los ferrocarriles reciben gasoil a un precio de 45 centavos por litro, frente a un precio promedio de $ 1,70 en las estaciones de servicio.
Se confirmó ayer, además, en una nota periodística que el grupo Plaza sigue sosteniendo a Safe Flight, una empresa aérea que se creó cuando Southern Winds dejó de volar porque dejó de recibir el subsidio estatal luego del escándalo de las valijas con droga en un vuelo a Madrid.
Safe Flight surgió aparentemente a pedido de Jaime para evitar más consecuencias del caso SW. La empresa nunca voló, pero el grupo Plaza todavía sostiene a unos 190 empleados. Por eso, todavía están vigentes los mismos interrogantes que se plantearon en 2005 sobre si los Cirigliano ponen el dinero de su bolsillo por algún trato no declarado con Jaime o si los recursos salen de alguna cuenta reservada del Estado.
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