Una calificadora de riesgo, muy dura contra "ley Clarín"

Siguen las repercusiones negativas por la sanción de la «ley Clarín» en el Senado. Desde calificadoras de riesgo hasta expertos en crisis y legislación sobre quiebras manifiestan el enorme riesgo que representaría su promulgación por el Ejecutivo, sobre una economía que ya atraviesa su peor crisis en la historia. Además, la ley influiría negativamente también en la alicaída recaudación fiscal. Una calificadora asegura que la ley, «en lugar de proteger la capacidad productiva de la economía, prohibirá el acceso al crédito a todas las empresas». También varios economistas y especialistas en leyes tributarias aseguran que la ley tiene el efecto de «tentar» a muchos empresarios a acogerse al concurso preventivo, lo que agudizará aún más la destrucción de la cadena de pagos. Grave, entonces, esta ley diseñada para favorecer al monopolio «Clarín».

"La Ley de Quiebras -sancionada por el Senado-, en lugar de proteger la capacidad productiva de la economía, prohibirá el acceso al crédito a todas las compañías», opina Carina López Espiño, analista de la calificadora Standard & Poor's (S&P). En diálogo con este diario, López Espiño señaló que la nueva ley «impondrá unilateralmente una moratoria de la deuda externa del sector privado, al priorizar la protección de los derechos de los deudores sobre los de los acreedores. Pero, además, brinda a los deudores fuertes incentivos y protección legal para incumplir sus obligaciones y reestructurar tanto la deuda local como la extranjera». Considera que no hay ningún aspecto positivo en toda la nueva normativa. Todos son contraproducentes.

Estos son los principales pasajes del reportaje.

Periodista: ¿Cuáles son los puntos negativos de la nueva Ley de Quiebras?

Carina López Espiño: En primer lugar, la reestructuración compulsiva de la deuda bancaria. Los bancos tienen 90 días para negociar con sus deudores; si no llegan a algún acuerdo, tienen que previsionar 100% del préstamo. Es decir que deben mandarlo a pérdida, lo que implica un requerimiento de capital mayor.

P.: Parece un poco perverso el mecanismo de no acordar y mandar todo a pérdida...

C.L.E.: Sí, a futuro crea una cultura crediticia perversa. Porque alienta a un comportamiento abusivo por parte de los deudores. Esto no beneficia necesariamente a las empresas deudoras, porque en muchos casos puede significar que proyectos de inversión queden inconclusos; o también que se restrinja el acceso a la financiación para insumos críticos.

P.: ¿Qué otros puntos considera erróneos?

C.L.E.: La extensión del período de exclusividad que pasó de 30 a 180 días. Este es el lapso que tiene el deudor para armar propuestas para renegociar la deuda, pero ahora se elimina el tope a las quitas a plantear a los acreedores (antes era 30%).

P.: ¿La eliminación del artículo que regula la figura de «cram down» («ley Clarín») es otro retroceso?

C.L.E.: Sí, porque preveía la alternativa de la adquisición de la empresa en marcha por parte de los acreedores, que además de ser una opción válida para los deudores y acreedores, desalentaba comportamientos abusivos de los deudores durante el período de negociación.

P.: ¿Cuál es el efecto de la ley sobre el mercado crediticio?

C.L.E.: Prácticamente prohibirá el acceso al crédito a todas las empresas. En lugar de proteger la capacidad productiva de la economía, no hará más que retrasar indefinidamente el acceso al crédito. Además, trascendió que el Banco Central iba a eliminar obstáculos para que los concursados puedan acceder al crédito mediante repos a bancos privados para capital de trabajo. Realmente muy desprolijo. Ni que hablar de la suspensión por 180 días de las ejecuciones, que en la práctica es un año calendario.

P.: ¿Pero el daño al sistema financiero puede ser importante?

C.L.E.: La ley refleja un serio grado de desconocimiento del funcionamiento del sistema financiero, al suspender las ejecuciones e instruir a los bancos la reprogramación compulsiva de todos sus préstamos, lo que a todas luces aparece como una tarea engorrosa y de gran futilidad.

P.: ¿Cuál es la experiencia internacional?

C.L.E.: Muestra que, en la medida de lo posible, los bancos están interesados en evitar la toma de posesión de activos del deudor, dado que los mismos carecen de liquidez y aumentan sus requerimientos de capital peso a no contribuir a su rentabilidad. En un contexto recesivo, es extremadamente difícil que los bancos logren obtener un valor razonable por sus garantías y mantener así sus pérdidas acotadas. Como resultado, la nueva ley no logra los objetivos buscados, contribuyendo lamentablemente a agregar inseguridad jurídica al sistema financiero.

Entrevista de Jorge G. Herrera