Versión optimista: déficit sería de $ 6.073 millones

«Con un nivel de riesgopaís superior a los 1.000 puntos, se estrecha el margen de la política monetaria», advierte la Fundación Capital, que en su último informe afirma que «el déficit fiscal para este año será de 6.073 millones de pesos de la mano del nuevo impuestazo».

Si esta proyección se cumple, el gobierno alcanzaría cómodamente la meta de déficit fiscal de 6.500 millones de dólares pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año. Los cálculos de la fundación, dirigida por el economista Martín Redrado, indican que en 2001 el Tesoro argentino recibirá 2.700 millones de dólares por el nuevo impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias. A esa cifra se suman 1.100 millones de dólares de ingresos por la concesión de un sistema de telefonía móvil, y por la extensión de una concesión de exploración de gas y petróleo en el sur del país. Estos ingresos serán compensados por «los menores ingresos por garantías de bonos Brady obtenidos el año pasado en operaciones de canje (unos 300 millones de dólares) y el gasto primario, el cual se incrementará este año 250 millones de dólares».

La entidad señaló que el incremento en la recaudación a partir del impuesto a las cuentas corrientes se reducirá en 50 por ciento por la pérdida de ingresos de moratoria, la desaparición del impuesto a altas rentas, la reducción de alícuotas en intereses pagados y los cambios en aranceles.

Consideró, además, que las medidas adoptadas para «paliar la situación de emergencia inicial no admiten reiteración en el tiempo sin producir efectos negativos considerables».

«Es de esperar que, haciendo uso de los poderes especiales conseguidos por el ejecutivo nacional, se comience a llevar a cabo a la brevedad las reformas estructurales pendientes: la previsional, la de obras sociales, la del Estado y la impositiva que permita reducir la evasión», sostuvo en su informe semanal la entidad.

Otra medida que debería aportar certidumbre sería reformar la degradada ley de solvencia fiscal, buscando extenderla a las provincias haciéndola más exigente que la actual. Asimismo, subrayó que la necesidad de conseguir financiamiento en los próximos cinco años por montos similares a los actuales, del orden de los 20.000 millones de dólares, pone de manifiesto con suma crudeza la necesidad de actuar en el frente fiscal, para destrabar el financiamiento voluntario. Al respecto, explicó que la relación de la deuda pública con el PBI se incrementó 57 por ciento en sólo siete años, pasando de 29 a 45 por ciento.

En otro orden, la entidad indicó que como consecuencia del desvío de las metas acordadas y del empeoramiento en las condiciones de acceso al crédito en el exterior, el gobierno arribó a fines de marzo con poco más de 400 millones de pesos como colchón de prefinanciamiento para hacer frente a las obligaciones de abril. Esta situación fue uno de los factores que generó desconfianza en el exterior en cuanto a la capacidad de pago de la Argentina.