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El gobierno complicó su relación con el FMI al no vetar totalmente la Ley de Quiebras e imponer el impuesto a las exportaciones petroleras, en lugar de retenciones de 5% a todos los exportadores.
La condición de más fácil cumplimiento, porque no tenía costos para ningún sector, era vetar la Ley de «Quiebras que favorece al grupo «Clarín». Pese a que todo el gabinete, incluido el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, le aconsejaron a Eduardo Duhalde que había que vetar toda la ley, el Presidente prefirió un veto parcial que deja en pie los aspectos más comprometidos de la legislación que dejará sin crédito en el futuro a todas las empresas argentinas.
Resulta inexplicable que, por favorecer a un sector, se complique la economía de todo el país, ya que se aleja la ayuda del FMI, que es imprescindible para la devolución de los depósitos.
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