Vuelven a Estado jubilaciones. Senado aprobó posición oficial por abrumadora mayoría

El mismo peronismo que hace quince años creó el sistema de jubilaciones privadas lo abolió anoche según un proyecto cuyas consecuencias son todavía desconocidas. El Senado, cerca de la media-noche, aprobó con una abrumadora mayoría el proyecto oficial que reestatiza el sistema y abre una etapa de juicios, reclamos y reproches sobre cómo usará el Estado los fondos previsionales. El anterior sistema se creó para protegerlos de la lujuria de gasto del Estado, pero los gobiernos se ocuparon, a poco de andar, de forzar a las AFJP a comprar títulos públicos para financiarlo a ese Estado del cual se las quería resguardar. Se repite una historia negativa con pérdida de riqueza y de seguridad jurídica. La improvisación de esta estatización, además, ha obligado a reformar el sistema financiero argentino porque con ese dinero se fondeaban créditos para el consumo. También abre una amenaza a empresas de las que las AFJP tenían acciones, porque ahora el gobierno les pondrá directores que actuarán, como es el estilo del gobierno, como otra asfixia a la iniciativa privada. El gobierno kirchnerista desaprovechó así la oportunidad de encarar una reformulación integral del sistema de seguridad social, que nadie dudaba precisaba un ajuste. Sólo le preocupó apoderarse de la recaudación mensual de las AFJP, unos $ 1.100 millones, para equilibrar las cuentas fiscales. Ahora volverán los 80, no los 70, cuando quienes podían contrataban jubilaciones privadas en el exterior, fugando así capitales del país.

El recinto del Senado a pleno: la UCR unificó la estrategia para una sesión que presidió José Pampuro ante la ausencia de Julio Cobos. Rubén Marín y María Eugenia Estenssoro estuvieron más activos que Miguel Pichetto.

El gobierno consiguió anoche convertir en ley en el Senado, por una mayoría abrumadora, el proyecto de estatización total del sistema de jubilación privada. El kirchnerismo consiguió superar en la votación los pronósticos más optimistas: aprobó la ley por 46 votos a favor contra 18 de la oposición. A pesar de eso no se vieron festejos efusivos en el recinto después de la votación, salvo por el abrazo de Miguel Pichetto y el ministro Carlos Tomada que, junto a Amado Boudou, jefe de la ANSeS, siguieron toda la sesión.

Como había adelantado este diario, fue imposible para la oposición bloquear en el recinto una ley que dispone la disolución de un sistema como el de las AFJP al que el propio radicalismo y el socialismo se opusieron desde su creación durante el gobierno de Carlos Menem. El triunfo, que le dio aire al oficialismo en la misma cámara donde había sufrido su peor derrota política en la votación de la Resolución 125, se amplió también a la votación en particular. Ganó por amplio margen hasta en el artículo 10, donde se les negó a las provincias la distribución de 15% de la recaudación en devolución de los aportes que se realizan en el interior del país, a pesar de que los santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre anunciaran que votarían en contra de ese punto.

Miguel Pichetto, el jefe de la bancada kirchnerista, pudo cumplir así con la orden de la Casa Rosada, no sólo por garantizar la aprobación, sino también por la diferencia a favor en los votos. Después que la estatización de las AFJP fue aprobada por 160 votos en Diputados, Cristina de Kirchner exigió que en el Senado se consiguiera un triunfo similar para reforzar el apoyo a la polémica ley.

Ninguno de los cuestionamientos del radicalismo y de la Coalición Cívica en el recinto contra la falta de controles a los fondos de las cuentas de capitalización que ahora pasarán a la ANSeS o el peligro de que éstos sean utilizados para financiar gasto corriente o en las elecciones de 2009 alcanzaron para convencer más voluntades que las de sus propias bancadas.

Las 11 horas de la sesión de ayer en el Senado comenzaron a las 11.15 con la perspectiva de un largo debate. Se anotaron para exponer 39 senadores, más de la mitad de la Cámara.

Por el oficialismo inició la defensa el vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión, Julio Miranda, ya que el jefe de esa comisión es el radical Gerardo Morales, que se opuso al proyecto: «Vamos hacia un nuevo régimen jurídico previsional para dar certeza y tranquilidad; estamos reemplazando un sistema que era de riesgo de capital», dijo Miranda.

Pero el tucumano debió luego hacer una autocrítica y admitir que fue uno de los legisladores que la década del 90 votó a favor del sistema de jubilación privada: «Reconozco con mucha sinceridad que voté ese cambio, creyendo que íbamos a conseguir el financiamiento del sistema previsional, pero sucedió todo lo contrario».

Miranda agregó que «las propias AFJP reconocen que no se cumplió el anhelo» de lograr mejores jubilaciones con el mecanismo de las cuentas individuales de capitalización, y afirmó que con la vuelta al sistema de reparto se busca «dar seguridad y tranquilidad a los trabajadores».

Confiscación

El radical Ernesto Sanz atacó directamente la apropiación de los fondos: «Para la sociedad hay confiscación, la gente lo interpreta con un olfato más fino que los juristas, por todo lo que vivió en los últimos años», dijo, y agregó: «La gente reacciona sacando siete mil millones de dólares del país. Fracasó el Plan A, y éste es el Plan B para financiar al Estado».

Lo siguió el presidente de la Comisión de Presupuesto, el correntino Fabián Ríos, quien afirmó que el oficialismo pretende lograr la aprobación de esta ley «con el más alto nivel de consenso» y consideró que «la decisión del 94 fue evidentemente equivocada».

Hubo ausencias clave que favorecieron al kirchnerismo, aunque de todas formas no hubieran conseguido torcer el resultado. Ni Carlos Menem, de licencia por un supuesto estado de salud endeble, que ni siquiera le permitió declarar en la causa por tráfico de armas a Ecuador y Croacia, ni el cordobés Roberto Urquía, que iba a votar en contra de la estatización de las AFJP, estuvieron en el recinto. Tampoco el tucumano Carlos Salazar, de Fuerza Republicana. Hasta Julio Cobos se escapó del recinto y evitó presidir la sesión para desentenderse así de la cuestión. Su lugar fue reemplazado por José Pampuro, presidente provisional del Senado.

El rionegrino Pablo Verani, un senador que responde a Cobos en el recinto y que ya había votado en contra de las retenciones móviles al campo, adelantó en su discurso que se abstendría a la hora de votar. Por el PJ, el salteño Juan Carlos Romero y su compañera de bancada Sonia Escudero tampoco apoyaron el proyecto.

El final del debate estuvo a cargo del radical jujeño Gerardo Morales, que tuvo el discurso más duro en contra del gobierno y del propio Pichetto, que le respondió a las críticas: «La UCR se perdió la oportunidad de mantener una coherencia histórica», dijo entonces.