Abogados más duros con nuevo Código: quejas al Gobierno

Julio Alak y Jorge Rizzo

 A días de que entre en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, las distintas representaciones de los abogados comienzan a manifestar objeciones puntuales a la reforma impulsada por el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. A diferencia de los jueces, que se muestran más inquietos con aspectos estructurales de la norma, los letrados hacen hincapié en cuestiones operativas y en los efectos por los que el nuevo Código podría afectar la seguridad jurídica.

Esta semana Jorge Rizzo, jefe de la agrupación Gente de Derecho que controla el Colegio Público de Abogados de la Capital, remitió un escrito al Gobierno para directamente requerir que el Ejecutivo aplace -sin establecer nueva fecha- la entrada en vigencia del Código. "La reforma dota de un enorme poder a los jueces y a la jurisprudencia que éstos dictan; esa prioridad por encima de las leyes establecidas afecta de lleno la seguridad jurídica", expresó Rizzo consultado por este diario.

En la nota enviada al Gobierno Rizzo se refiere a la "tiranía de los jueces" y en un pasaje recuerda que el Código fue elaborado por dos ministros de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y que si la norma se discute, éstos serán recusados. Un aporte que, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, desata disonancias internas en la Corte porque Rizzo es abogado de Carlos Fayt.

"La solución deferida a los jueces para que ellos resuelvan caso por caso con la sola herramienta del artículo 7º afecta la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y aumenta la litigiosidad. ... Uno de los aspectos de la seguridad jurídica, probablemente definitorio, es la predictibilidad de las decisiones judiciales. No se puede afirmar seriamente que es predecible cómo los jueces van a resolver los múltiples temas que se derivarán de la aplicación del nuevo Código a las relaciones preexistentes y a aún a los juicios pendientes", expresa uno de los párrafos más ácidos del texto que llegó a los despachos de Julio Alak y Carlos Zannini.

En este sentido, Carlos Dodds, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad (que agrupa a los estudios empresariales) señala que el Código es inoportuno y que podría demorar alrededor de 15 años constituir una jurisprudencia. "Cada parte del Código se trabajó en compartimentos estancos, sin instancias de interrelación", explicó Dodds a este diario.

Desde hace semanas en los estudios empresariales se señala con mayor inquietud el crecimientos de las cargas de responsabilidad que establece el Código, los cambios respecto a la Ley de Sociedades y cierta falta de precisión en cuanto a qué personas jurídicas están en condiciones de recurrir a la Ley de Quiebras. "Estos elementos deben tenerse en cuenta porque afectan el clima de inversión a partir de una reforma que se busca implementar cuando el país está en plena campaña", sostiene Dodds.