Abogados quieren mejorar honorarios

Los abogados porteños que militan en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para regular los honorarios de los letrados y limitar el poder de decisión de los jueces en el momento de decidir los montos a cobrar por los litigantes en los fueros porteños. Ante la parálisis del proyecto en el Congreso, los abogados aspiran a lograr su objetivo en la Ciudad (ya cuentan con el apoyo del PRO). Aun así, hasta el momento la reforma no convence a los grandes estudios de la City.

El proyecto fue presentado por el diputado macrista Daniel Lipovetzky durante un acto en la Legislatura. En esa ocasión contó con el apoyo del titular de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo; el secretario de Legal y Técni-ca del Gobierno porteño, Juan Pablo Clausellas, y el camarista del fuero Contencioso Administrativo, Fernando Lima.

Demora

Si bien en el PRO son optimistas con la meta de reunir las adhesiones necesarias por parte de la oposición, entienden que es difícil que el proyecto llegue al recinto antes de fin de año ya que primero debe aprobarse en las comisiones de Justicia y de Legislación General.

El principal argumento para seducir a los diputados opositores no kirchneristas será que el proyecto establece parámetros para el cobro de honorarios que se ajustan a los índices inflacionarios.

Hay una segunda intención, más alejada de las vicisitudes de los letrados: el PRO utilizará el proyecto para avan-zar en el histórico pedido de que la Justicia porteña amplíe sus competencias más allá de los fueros Contravencional, Penal y de Faltas y Contencioso Administrativo.

Actualmente, el Colegio es presidido por Jorge Rizzo, de relación ambivalente con el kirchnerismo, pero, en los últimos tiempos, de buena sintonía con los sectores del PRO con representación en la entidad. Uno de los puntos para acerca posiciones fue la unificación en las críticas a la reforma del Código Civil y Comercial.

Sin embargo, el proyecto no reúne demasiados adeptos entre los grandes estudios de derecho empresarial. Se trata de una cuestión relacionada con los recursos humanos: una eventual reforma beneficiaría a estudios pequeños o medianos cuyos integrantes, y en distintos casos los clientes, suelen provenir de las grandes firmas.