Aceleran juicios previsionales

La Corte Suprema de Justicia se reunirá la semana que viene con representantes de la ANSES y los integrantes de la Cámara de Seguridad Social para firmar un convenio que busca acelerar los procesos por demandas vinculadas al sistema previsional, a través de la digitalización del sistema de notificaciones -puesto en marcha en marzo pasado- y establecer un mecanismo de cálculo de actualizaciones salariales únicos, según señaló ayer el vicepresidente del tribunal de alzada, Julio Herrero.

El anuncio del camarista desató una corrida de rumores en el primer día de actividad del máximo tribunal, luego de la feria judicial, entre los que se mencionó que el cuerpo estudiaba la forma de extender el fallo «Halabi» (que implementó la figura de la acción de clase) para aplicarlo en las demandas contra el Estado por reajustes jubilatorios. Desde la Corte, sin embargo, aseguraron que todavía no estaba confirmada la reunión de la semana que viene, si bien destacaron que el convenio con la ANSES por la digitalización del sistema previsional avanzaba, desde la firma del acuerdo entre el máximo tribunal y el organismo, en marzo pasado.

Agregaron que no se estaba evaluando ningún tipo de acción de fondo, ya que, en la actualidad, la ANSES «ni siquiera ejecuta las sentencias firmes. Acá hay un conflicto de fondo que no puede resolverse con un convenio, sino que su solución corresponde al Poder Ejecutivo».

La situación de colapso del fuero de Seguridad Social (que tuvo que suspender por veinte días la recepción de demandas en abril pasado) ha sido resaltada en repetidas ocasiones, tanto por la Corte Suprema como por los integrantes de la Cámara de Seguridad Social. Entre febrero y mayo pasado se iniciaron 36.529 demandas en el fuero de la Seguridad Social. Así, el ritmo mensual de juicios, que en su mayoría son de jubilados y pensionados contra la ANSES, sigue en alza, al punto de que el promedio mensual de presentaciones en lo que va del año ya duplica el de 2008. La tramitación electrónica, se estima, ayudaría a reducir la duración de los juicios, que hoy demoran entre cinco y seis años, a lo que se suman las demoras para que el organismo previsional pague las sentencias.