• SESIÓN CLAVE EN LEGISLATURA PARA APROBAR TERCER CONVENIO DE TRANSFERENCIA EN MATERIA PENAL. Los fondos para la Ciudad son por anteriores delitos migrados. Se fija 1 punto más de coparticipación por año. Jueves se vota, con gradual aplicación.
Mientras que se reaviva la polémica por el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo aspira esta semana a dar una señal irrevocable de avance -ante la resistencia de jueces y sindicatos- con la aprobación en la Legislatura porteña del tercer convenio de transferencia de competencias penales. Esto implica que 31 tipos de delitos van a dejar (gradualmente) de ser atendido por magistrados nacionales, y serán tramitados por la Justicia capitalina. Para lograr este objetivo cuentan un aliciente que destrabó la discusión política: se acordó que la Nación transfiera fondos equivalentes a $2.420 millones a la Ciudad por los dos convenios previamente traspasados años atrás. Y que además, se contabilice a futuro poco más de 1 punto de coparticipación federal adicional para las arcas de la administración porteña, con el destino de solventar la ampliación de facultades de los tribunales locales.
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La novedad funciona como un juego de pinzas para el Congreso que demora por ausencia de prioridad (y de acuerdo) la aprobación de los 4 convenios firmados el 19 de enero pasado entre Nación y Ciudad que abarcan otros frentes para el traspaso. Como adelantó Ámbito Financiero, este mes será clave para las aspiraciones oficiales. Lo que se busca aprobar en la última mega sesión ordinaria del año en la Legislatura ya tiene sanción en el Congreso, y solo le faltaba el visto bueno del legislativo local. Cuenta con dictamen de comisión de todos los bloques y está listo para ser tratado en el recinto.
En total, la Ciudad tendrá potestad sobre 45 delitos (contando los 14 de los convenios I y II) y sumará figuras penales tales como lesiones, abuso de armas; violación de domicilio; tenencia y portación de armas de guerra; penalización de actos discriminatorios; delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos; atentado y resistencia contra la autoridad; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; enriquecimiento ilícito de funcionarios; falso testimonio; falsificación de documentos y tenencia de estupefacientes, entre otros. El Ministerio Público Fiscal será el encargado de ir incorporándolos de forma gradual al sistema acusatorio que rige a nivel local. La vedette será el paquete que contiene los delitos de corrupción que ahora pasarán a quedar bajo la égida porteña.
El movimiento dejará perplejos a los jueces nacionales, quienes más fuerte han hecho oír su voz en contra del traspaso planteado en los 4 convenios firmados a principios de año que solo en el fuero penal migraban 341 cargos vacantes, con su personal. En este caso, solo pasarán las competencias penales: ni infraestructura ni personal pero tampoco cargos se integrarán a la Ciudad. La contracara es que el actual plantel de magistrados porteños tendrá que hacer frente al paulatino tratamiento de los nuevos delitos ya que no se prevé multiplicar tribunales ni abrir nuevos puestos para absorber el volumen de causas que vaya dejando de tramitar la justicia nacional. La aprobación por parte del Congreso había sido en septiembre de 2011 por iniciativa de los entonces senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto y Daniel Filmus. Desde entonces, no se había cumplimentado a raíz de que no estaban asegurados los fondos para garantizar su pasaje.
"Tenemos la firme vocación de avanzar con el traspaso en el marco de la autonomía porteña y no lo hacemos solo para cumplir con lo que dice la Constitución, sino para darle a los vecinos una justicia mas ágil y eficaz ", sostuvo ante la consulta de este diario el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez. "Como se demora el Congreso con los convenios firmados en enero decidimos aprobar esta ley", anunció uno de los responsables de articular el traspaso total junto a Martín Ocampo y sus homólogos nacionales, Germán Garavano y Santiago Otamendi. Los ministerios de Hacienda de ambas jurisdicciones deberán acordar cómo se hace efectivo el pasaje de fondos para el retroactivo, algo que para el futuro año se calculó en unos $300 millones extra. Esto no disipará el malestar con la justicia nacional que resiste el pasaje. Sin embargo servirá como presión para activar la migración general: implicará que un 80% de sus facultades pasen a manos de jueces porteños.
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