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Acusado, Garzón pide que citen a Zaffaroni
El Tribunal Supremo de España aceptó juzgar a Garzón por el supuesto delito de prevaricato (dictar conscientemente una resolución injusta), a raíz de que, según sus acusadores, desconoció la Ley de Amnistía de España de 1977 y por haber emprendido procesos «a sabiendas de que era competente» y no legarlos a tribunales locales.
Garzón, que se hizo famoso como precursor del principio de extraterritorialidad en los 90 en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en diversos países del mundo, como la Argentina y Chile, padece ahora las consecuencias en España por haber instruido, como juez de la Audiencia Nacional, expedientes sobre las fosas comunes del franquismo y 114.000 desaparecidos. Tras un extendido debate judicial, el mediático magistrado debió transferir las causas a tribunales locales, que en la práctica las paralizaron. Instancias superiores avalaron el accionar de Garzón en cuanto a la imprescriptibilidad de violaciones a los derechos humanos en el extranjero, pero no conservan el mismo parecer sobre hechos similares ocurridos en España.
En su apelación, el juez español pidió al Supremo de España que cite a declarar a Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y Eugenio Raúl Zaffaroni, entre otros antecedentes, por el fallo de la Corte que declaró la nulidad de la ley de Punto Final y Obediencia Debida en 2005. También pide que se cite al chileno Juan Guzmán, magistrado que abrió varias causas a responsables de la dictadura de Augusto Pinochet; el mexicano Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Eduardo Freiler, camarista federal de Buenos Aires y autor de las resoluciones sobre la inaplicabilidad de las leyes de Punto Final.
Testigos
La organización Amnistía Internacional y los españoles Joan Garcés y Fernando Magán, abogados de víctimas de varias causas de justicia universal en España, también son citados, entre otros, según el recurso presentado por el abogado de Garzón, juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española.
A todos ellos se les llama a declarar como «testigos» de «la existencia de interpretaciones usuales en la comunidad de los países civilizados que aplican las normas de derecho penal internacional», es decir, de la defensa de la jurisdicción universal.
El juez español podría ser suspendido temporalmente de sus funciones si lo decide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, tanto por las causas en su contra por las desapariciones ocurridas en España entre 1936 y 1951 como por honorarios que cobró de un banco por impartir un curso en una universidad de Nueva York.
El martes, el CGPJ pidió un informe a la fiscalía sobre la suspensión de funciones a Garzón, primer paso para que el consejo se pronuncie al respecto.
Las denuncias contra Garzón, que fueron aceptadas por el Tribunal Supremo, fueron presentadas por organizaciones calificadas por medios españoles como de ultraderecha, como Manos Limpias y Falange Española de la JONS.
Agencia AFP
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