28 de diciembre 2010 - 00:00

Acusados del PO se entregan si les dan la excarcelación

Nilda Garré dedicó ayer una nueva conferencia de prensa para atribuirles los incidentes del jueves en Constitución a activistas del Partido Obrero que quieren crear sensación de caos. Volvió a señalar al duhaldismo y a un «gastronómico».
Nilda Garré dedicó ayer una nueva conferencia de prensa para atribuirles los incidentes del jueves en Constitución a activistas del Partido Obrero que quieren crear sensación de caos. Volvió a señalar al duhaldismo y a un «gastronómico».
Abogados de activistas del Partido Obrero pidieron la eximición de prisión para dos prófugos a cambio de presentarlos ante la Justicia, en la investigación por el corte de vías del Roca que derivó en incidentes en Constitución. Otros dos militantes de esa agrupación fueron indagados ayer y negaron haber incurrido en una presunta «extorsión», como les imputó un juez federal de Quilmes.

El Gobierno y la conducción del PO se trenzaron ayer en una dura polémica por la participación de los adherentes a la organización de izquierda en la interrupción del Roca, y su posible vínculo con los incidentes posteriores. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, dijo que además de los cuatro sospechosos ya incorporados a la causa judicial hay «otros diez que habrían sido identificados» como afiliados al partido trotskista.

Los dos activistas que buscaba ayer el juez federal de Quilmes Luis Armella son Eduardo Belliboni, conocido obrero ferroviario de la zona sur y de relevancia en la estructura del PO, y Miguel Morales. Ambos fueron testigos en la investigación abierta por el asesinato del militante Mariano Ferreyra, cometido el 20 de octubre pasado en Barracas. La abogada del partido, Claudia Ferrero, negó la condición de «prófugos» de los dos por entender que «se pusieron a derecho» cuando ofrecieron presentarse a la indagatoria una vez concedida la eximición de prisión.

En tanto que el juez Armella indagó ayer a los dos únicos encarcelados por la investigación: Esteban Merino y Jorge Hospital (también fueron testigos en el caso Ferrey) se negaron a contestar preguntas pero expusieron su descargo por los hechos del jueves pasado.

En concreto, el magistrado los acusó por su presunta participación en el corte de las vías que paralizó durante siete horas el servicio del Roca, y por una supuesta extorsión para demandar cobro de salarios e incorporación a la planta permanente de personal tercerizado. Finalizada la audiencia, ambos pidieron su excarcelación, que al igual que las eximiciones presentadas por el PO, deberán ser resueltas entre hoy y mañana por Armella.

Con excepción de Belliboni, los otros tres sospechosos son empleados de Ugofe (empresarios, sindicatos y Gobierno) que explota la concesión del ex Ferrocarril Roca.

El juez de Quilmes investiga por su lado el corte de vías a la altura de Avellaneda y la supuesta extorsión contra autoridades del Gobierno y de la Ugofe, otros dos magistrados analizan los incidentes posteriores en Constitución: se trata de los titulares de los juzgados en lo Correccional 12, Raúl García, y 14, Fernando Luis Pigni.

En una conferencia de prensa que ofreció ayer a la tarde, Garré se refirió a los detenidos y sospechosos por el corte de vías como supuestos partícipes de los incidentes en Constitución. Y los sumó a los otros diez ligados también al PO, aunque en el juzgado de Armella dijeron que no había otros pedidos de captura pendientes. A todos ellos se refirió como miembros de un «grupo activo y organizado».

«No eran pasajeros contrariados; fueron con el objetivo de producir un hecho de gran violencia», dijo Garré en la conferencia, al tiempo que exhibía imágenes de los canales de noticias que mostraban a personas encapuchadas, con mochilas y mientras arrojaban piedras contra los locales comerciales de Constitución. La ministra también se refirió en detalle a los elementos caseros supuestamente utilizados para obstaculizar y finalmente paralizar el servicio del Roca, a la altura de Avellaneda.

También destacó la detención de una persona durante los incidentes, a la que identificó como Alberto Cayetano Geuna, y de quien dijo que al momento de ser apresado les gritó a los policías: «Pará, soy gastronómico, me iban a pagar 50 pesos por día para hacer quilombo».

En otro tramo de su alocución, Garré pareció aludir a Eduardo Duhalde cuando sostuvo que los incidentes en Constitución apuntaron a «generar una sensación de vacío» en torno del Gobierno, que en definitiva «fuese funcional a algún candidato que busca sumar» votos con su apelación al principio de autoridad.

La abogada del PO criticó a la ministra de Seguridad por entender que presentó la información en la conferencia «con una confusión que no es tal, que sólo busca que militantes del partido lleguen presos a fin de año». Sobre este punto, dijo que Garré se valió de un tramo del expediente de Armella «donde dice que sobre las vías encontraron a Eduardo Pedro Salas, un ex vicepresidente del Polo Obrero que hace 20 años que está en Córdoba».

Respecto de la acusación que pesa sobre los sospechosos por el corte de vías, Ferrero aseguró que hicieron uso de «su derecho de peticionar» por el cobro de salarios y el ingreso a planta permanente de los tercerizados del Roca. Y acerca del delito de extorsión, agregó que «para que exista alguien tiene que haber firmado algo bajo presión». «Que me muestren un documento del Ministerio de Trabajo o de la Ugofe que haya salido por extorsión; de hecho no firmaron nada porque los tercerizados que reclamaron el jueves pasado, todavía están en la misma situación», agregó.

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