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Admite Gobierno fallas en control a lavado de dinero
El informe fue a solas, sin un solo representante del kirchnerismo, que eligieron no participar de la reunión. La intención de los diputados era informarse sobre la nueva conducción de la UIF y el estado de los conflictos que habían llevado a la renuncia de su anterior presidenta, María Rosa Falduto.
Sbatella debió reconocer, en las tres horas de preguntas y respuestas, que para conformar el consejo asesor del organismo debieron incumplir la ley. Fue ante la pregunta de Gerardo Milman, del GEN. «Los miembros de ese consejo no tienen indoneidad. Deben ser representantes de organismos (como la AFIP, por ejemplo) y ninguno de ellos estaba nombrado antes de ingresar a la UIF», lanzó Milman. Sbatella admitió, entonces, que se había nombrado a gente de su confianza.
Lo siguió Federico Pinedo, cuestionando el peligro de violar la confidencialidad de los datos que obtiene la UIF al presentarse el organismo como querellante en causas judiciales resonantes.
Alfonso Prat Gay explicó allí que sorprendía que la UIF fuera «querellante en tres causas que importan conflictos políticos y no en otras que reclaman intervención técnica: la causa de la efedrina, medicamentos y en la causa Arbizu (ex ejecutivo de JP Morgan acusado de realizar maniobras de fuga de capitales) y que no se hubiera involucrado, por ejemplo, en la causa del valijero Guido Antonini Wilson».
Todos recordaron que el alejamiento de Falduto de la conducción del organismo se atribuyó a que la funcionaria se negó a investigar supuestos casos de lavado en el Grupo Clarín.
Sbatella reconoció que había escuchado esas versiones pero tildó a la ex presidente de «inoperante administrativa» y la acusó de no haber tenido una «política sobre lavado de dinero».
Poco después, Prat Gay, presidente de Finanzas, opinó sobre la ley de blanqueo de capitales. Amparado en la reserva de la reunión, Sbatella reconoció que estaba en contra de esa medida que impulsó el Gobierno, aunque no era funcionario en el momento de aplicarla, porque no tuvo impacto fiscal y al mismo tiempo dudaba de la capacidad de entonces de controlar los supuestos casos de lavado que podría haber originado. Insistió, entonces, con la «inoperancia administrativa de la gestión anterior».
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