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Adulteraban empresas en oficina estatal
Los acusados habían sido procesados en julio pasado por el juez Norberto Oyarbide. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah aclararon en su fallo que puede haber más integrantes de la supuesta asociación ilícita por identificar.
«Se determinó que algunos empresarios utilizarían los servicios de esta organización a los fines de realizar tramitaciones irregulares de sociedades en la órbita de la IGJ para lo cual contarían con la participación de contadores, escribanos, gestores y personal dependiente de ese organismo, entre otros. A tal fin, se falsificarían documentos públicos y privados de diversos expedientes del organismo», señala la resolución.
La medida recayó sobre los empleados José Luis Medina y Raúl Moreti; el escribano Horacio Enrique Claria, el gestor Raúl Carbonaro y Rosendo Godoy, sindicado como presunto falsificador. El expediente se abrió a partir de las irregularidades halladas en un juicio laboral en el que se detectó una adulteración de la inscripción de la compañía demandada. La investigación incluyó escuchas telefónicas, tareas de inteligencia y hasta el uso de una cámara oculta por parte de uno de los denunciantes.
Los delitos señalados por los camaristas incluyen «alteración y/o sustracción de expedientes, alteraciones registrales mediante la manipulación de sistemas informáticos, falsificaciones documentales y estafas procesales, entre otros».
El juez Oyarbide tiene en la mira a por lo menos 40 sociedades comerciales de las que sospecha pudieron haberse valido de las maniobras de la organización.


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