Agobio psíquico de Moyano por pesquisa

Claudio Bonadío

La defensa de Hugo Moyano apeló ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional el rechazo del pedido de nulidad que había presentado por la causa que investiga supuestas irregularidades en la obra social del sindicato de Camioneros, con un curioso argumento: la «carga psíquica difícil de sobrellevar» que implica una pesquisa contra un personaje público como el líder de la CGT.

La presentación ya había sido desestimada por el juez a cargo del caso, Claudio Bonadío, quien investiga a la obra social Oschoca por supuesta defraudación en el trámite de tratamientos complejos a sus afiliados. Estos procedimientos son financiados por la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que también está bajo la lupa del juez federal Norberto Oyarbide en el caso por la llamada mafia de los medicamentos.

Al acudir a la Cámara Federal, los abogados del sindicalista y socio de los Kirchner decidieron reforzar sus argumentos anteriores con uno nuevo. En el escrito presentado sostuvieron que «la existencia de una causa penal constituye una carga psíquica difícil de sobrellevar», lo cual «se agudiza cuando el imputado es una persona pública» que «se ve expuesta a la exposición mediática en forma permanente y reiterada, en desmedro de su trayectoria». Un fundamento poco eficaz si se tiene en cuenta que todos los procesos implican una «carga psíquica» e incluso física, en casos como el del sindicalista Juan José Zanola, procesado con prisión preventiva por supuesta asociación ilícita en el caso de los medicamentos.

La defensa de Moyano repitió además las objeciones que ya había expuesto ante el juez Bonadío y señaló que «la causa sale del carril procesal iniciándose un camino ilegítimo y, por ende, arbitrario caracterizado por la falta de impulso fiscal, mientras de oficio se sucedían resoluciones, allanamientos y dictámenes de trascendencia, sin ninguna clase de contralor». También discutió la competencia del magistrado para investigar un caso que presenta numerosos puntos de conexión con el de Oyarbide. Todas estas objeciones ya fueron rechazadas por Bonadío.

El caso se inició en 2006, a raíz de una denuncia iniciada por el dirigente gremial opositor al moyanismo, Juan Pablo «Pata» Medina, pero recién empezó a avanzar a fines del año pasado. Bonadío ya ordenó, entre otras medidas, tres allanamientos a la obra social sindical, otro a la droguería Urbana.