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Ajuste: vuelve la tensión a Santa Cruz
Los gremios de la Mesa de Unidad Sindical confirmaron ayer el «paro con movilización en paz» y abogaron porque la UOCRA no participe porque, según indicaron los dirigentes, «su presencia en la Legislatura es signo de provocación», como ocurrió el 1 de marzo de este año, cuando quedó formalmente inaugurado el período parlamentario.
En tanto, los delegados de la Mesa promovieron una amplia convocatoria a todos los sectores de la administración pública y de la ciudadanía en particular, para expresarse ante los diputados provinciales su preocupación por el cambio del régimen jubilatorio y la reinstalación de la emergencia económica. Adhirieron a la protesta ATE-CTA, Judiciales, ADOSAC, SOEM (Municipales), APEL (Legislativos), Sindicato Vial, Servicios Públicos, Jubilados Autoconvocados, AMET, Salud y otras agrupaciones fundamentalmente trabajadores del Estado.
El paquete de leyes de ajuste que tiene en carpeta la Legislatura para abrir el año incluye el dictado de la emergencia económica y previsional por un año, con una elevación en la edad jubilatoria y en los aportes, además de la imposición de topes en las jubilaciones. Ese combo también suspende las convocatorias a paritarias e impone el pago con bonos a proveedores, entre otros ejes.
El gobernador Daniel Peralta -forzado, argumentó, por las pérdidas millonarias que dejaron este año los paros de petroleros y docentes- intentó lanzar a fines de diciembre las medidas y causó graves incidentes por el descontento de los gremios que intentó frenar el accionar policial. El mandatario se vio obligado a modificar su gabinete luego de la renuncia de ministros claves durante el caótico cierre del año en la tierra natal del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
La iniciativa oficial para la reforma previsional contempla la elevación de la edad jubilatoria (de 54 a 65 años en los hombres y de 50 a 60 en las mujeres), la eliminación de la movilidad y el agregado de aportes extraordinarios, de entre el 3% y el 17% para los jubilados, y del 2% al 5% para los activos.
Además, establece un tope para las jubilaciones, por lo cual nadie podrá cobrar una jubilación que supere en dos veces los haberes jubilatorios máximos fijados por Nación.
En paralelo, la emergencia económica apunta a, entre otras medidas, la suspensión en la designación de personal contratado y en planta transitoria, y las contrataciones de locación de obra.


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