Al estilo Clinton: ¡es el gasto público, estúpido!

La Argentina de los últimos años ha sufrido un cambio estructural en el tamaño y en la composición de su gasto público. Y digo estructural porque los aumentos verificados en éste no responden a una cuestión «del momento», sino a un claro cambio de paradigma en materia de bienes públicos. En efecto, el primer cambio sustancial ha sido la incorporación de más de 1.800.000 jubilados, en el marco de una generosa moratoria previsional. Lo que se decidió, entonces, fue incrementar la cobertura jubilatoria a quienes, por distintas razones, no hicieron pagos previos en forma regular al sistema. Esto produjo una explosión del gasto en pensiones y jubilaciones a cargo del Estado nacional. Gasto ya presionado por la Justicia que reclama la no licuación inflacionaria de dicho gasto o, al menos, un ajuste periódico, en línea con la evolución de los salarios.
Otro cambio estructural importante en el gasto público argentino, también en el rubro jubilatorio, surge, obviamente, de la estatización del sistema de capitalización que regía hasta fines del año pasado. Si bien este rubro, por ahora, surge con «financiamiento propio» derivado de los aportes de los trabajadores en actividad, hay que recordar que ya un 50% de los pagos de la ANSES dependen de impuestos generales y no de los impuestos sobre la nómina salarial de empleados y empleadores, de manera que la estatización soluciona cuestiones de corto plazo, pero incrementa los gastos de largo.
Otro cambio cuantitativo y cualitativo en el gasto público han sido las estatizaciones de varias empresas de servicios públicos, antes con financiamiento privado -Aerolíneas Argentinas, Fábrica Militar de Aviones, Correo, etc.-, cuyos déficits operativos o de inversión -de existir- ahora son parte del gasto público. Lo mismo sucede con la inversión de las empresas de servicios públicos que siguen siendo, en teoría, privadas, pero que, en la medida que los contratos no han sido integralmente renegociados y los precios de sus servicios responden a decisiones arbitrarias, financian las inversiones, en general, desde el sector público, bajo diversos fondos y fideicomisos. A su vez, los mecanismos de intervención en diversos mercados han devenido en un aumento importante de los gastos en forma de subsidios a sectores del consumo y la producción (sólo parcialmente compensados por los tarifazos de estos meses en electricidad y gas, o cambios en las exportaciones agropecuarias).
En síntesis, el gasto público nacional no sólo se ha incrementado siguiendo el ritmo del aumento nominal de la economía, sino que creció de manera estructural por cambios en las decisiones de cobertura previsional, intervención en los mercados de bienes y servicios, y estatizaciones varias.
¿Pero qué pasó con los nuevos ingresos que se requieren para financiar este nuevo gasto? Una parte también tiene características estructurales -estatización de las AFJP, nuevos fideicomisos con las tarifas de servicios públicos-. Pero otra parte ha sido meramente coyuntural, en especial, los impuestos al comercio exterior basados en precios extraordinarios, o el incremento de la recaudación impositiva, fundada, exclusivamente, en el ciclo económico positivo.
Dicho de otra manera, los gastos están aumentando «para siempre», mientras que los ingresos aumentaron «por un ratito». De manera que el Gobierno K se autogeneró, por su propia política, un problema fiscal que sólo puede resolver inventando impuestos nuevos o devaluando. Porque la devaluación le permite recaudar más pesos, por los mismos dólares de los impuestos a la exportación y, de esa manera, reducir el esfuerzo fiscal en pesos. Puesto en estos términos, los dólares que se están consiguiendo para engrosar las reservas líquidas -De China, del FMI por los nuevos DEG, eventualmente de la Reserva Federal- solucionan un problema de liquidez en dólares, si lo hubiere, o hasta permitirían pagar deuda en dólares, pero no solucionan el problema de fondo: el gasto público primario
-antes del pago de deuda- medido en dólares ha crecido estructuralmente en la Argentina, de manera que sólo una devaluación lo vuelve a sus valores «financiables» de largo plazo. A menos que se haga una verdadera reforma fiscal o se revierta parte del estatismo de los últimos años -con nuevos contratos con el sector de servicios públicos, y cambiando todo el esquema de intervención en precios y producción agropecuaria, por ejemplo-.
A este panorama hay que agregarle la situación estructural previa del gasto provincial, licuado en los últimos años, por el atraso salarial, pero que ahora está volviendo con todo.
La administración K le sumó al problema estructural del gasto provincial que ya venía de la década del 90, como mínimo, el problema estructural del gasto nacional.
En ese sentido, no hay reservas del Banco Central que alcancen. A menos que el Gobierno esté dispuesto a vender dólares para pagar salarios y jubilaciones.
Perdón por la idea.