Albariño: juez desvincula a presunto puntero macrista

Luego del desalojo pacífico del Club Albariño, el juez Rafecas tomó ayer indagatoria a los detenidos. La investigación apunta a una organización criminal, pero no se mencionan punteros.

La acusación del Gobierno nacional a la administración porteña por sus presuntos vínculos con los organizadores de la toma del club Albariño, en Villa Lugano, perdió ayer un argumento de peso: el juez federal Daniel Rafecas desvinculó de la ocupación a un sospechoso que se encontraba prófugo y que contaba con un pasado como empleado del Gobierno de la Ciudad y un presente como dirigente villero ligado al PRO. El magistrado, en tanto, allanó un centro comunitario que por la noche funciona como bailanta y que regentea uno de los detenidos en la causa.

Rafecas dedicó la jornada de ayer a tomarles declaración indagatoria a los cinco nuevos sospechosos que fueron detenidos el martes, que se sumaron a los otros dos que permanecían en esa condición desde la semana pasada. Todos ellos, al igual que nueve prófugos, fueron acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la ocupación de predios para su posterior loteo y venta.

El juez reforzó ayer la línea investigativa orientada a una organización criminal de esas características y minimizó la connotación política que buscó instalar el Gobierno nacional respecto de la ocupación del club, desalojado el martes sin violencia.

Una señal en ese sentido fue la decisión de Rafecas de dejar sin efecto la orden de captura que pesaba sobre Regino Abel Acevedo, sindicado como uno de los organizadores de la toma y de quien se cree fue empleado del Gobierno porteño y miembro destacado de una organización villera aliada al PRO. En el expediente no hallaron elementos de prueba que ubicaran a Acevedo en la conducción de los ocupantes del Albariño.

De todos modos, el juez lo denunció por su presunta participación en otras tomas de tierras realizadas en el Barrio Fátima. Esa imputación quedó a cargo del juez de Instrucción Ricardo Warley.

En paralelo, Rafecas ordenó un allanamiento en Ciudad Oculta sobre un centro comunitario y bailanta manejado por Guillermo Ferreira, uno de los primeros detenidos en la investigación. Del operativo pudieron ser secuestrados elementos de prueba que en el juzgado consideraron importantes.

Además de Ferreira permanece detenido Reinaldo Silvero González, también acusado de haber motorizado otras ocupaciones en zonas de Ciudad Oculta. Y entre las 14 órdenes de captura que libró el magistrado esta semana, en el sitio web de la Corte Suprema (CIJ) identificaron a Carlos Fernández, argentino, de 45 años, y a Luis Alberto Fredez Domínguez, de 26 años y nacionalidad paraguaya.

A los acusados les fueron asignadas responsabilidades destacadas en la presunta instigación a la ocupación de predios por parte de familias carenciadas. El mecanismo que investiga el juez consiste en la toma de los espacios que luego se complementa con el desalojo de las familias a cargo de los mismos organizadores. Una vez concretada su salida los usurpadores lotean el terreno y lo venden a valores de 5.000 a 7.000 pesos la unidad.

El club Albariño, un predio que le pertenece al Estado nacional (ferrocarriles) y que quedó a cargo del ex Onabe, fue ocupado durante 16 días, poco después de concretada la toma de tierras en el Parque Indoamericano.