Alerta entre gobernadores por aumento del mínimo

En varias provincias los estatales ya anunciaron movilizaciones y medidas de fuerza para reclamar que se incluya en las paritarias un aumento idéntico al otorgado a nivel nacional.

El aumento del salario mínimo, vital y móvil de 1.240 pesos a 1.500 pesos (21%) acordado por el Consejo del Salario y anunciado luego por Cristina de Kirchner erizó la piel de gobernadores e intendentes de las provincias, conscientes de que fogoneará una nueva llamarada de medidas de fuerza de los trabajadores públicos en pos de un incremento similar, en medio de las graves urgencias de caja que castigan a las cuentas locales y que impiden la concesión de nuevas subas.

La preocupación es compartida por empresarios del interior, quienes advirtieron que la consecuente alza de costos afectará la acotada rentabilidad del sector (con el fantasma de nuevos despidos y suspensiones) y reclamaron pisos mínimos por región.

Veamos la reacción ayer en las provincias, frente a un anuncio que alcanza directamente a 5 millones de personas (1 millón y medio del sector privado):

En el caso de la administración pública, en rigor, la medida alcanza a los empleados nacionales -con un régimen de trabajo de 200 horas mensuales, 48 semanales u 8 diarias- y, según ministros del interior consultados por este diario, no tiene carácter vinculante respecto del salario mínimo de los trabajadores públicos provinciales y municipales, cuyos parámetros son potestad de las autoridades locales. Sin embargo, fuentes de la cartera nacional sostuvieron que impacta también sobre ese rubro.

Más allá de esta discusión, el coletazo -como lo prueba la estadística de los últimos 5 años que pesa sobre las espaldas de los Ejecutivos- será inevitable en todo el arco gremial, que buscará replicar una suba del 21%.

«Siempre tiene algún impacto en las provincias cualquier modificación del salario mínimo, y el anuncio exacerbará los reclamos salariales, incluso en provincias donde el salario mínimo sea superior a 1.500 pesos», advirtió un ministro de Hacienda de una provincia chica ante este diario, además de recordar que habrá otros rebotes, como el aumento de la tasa de Justicia (que se rige por el salario mínimo).

«Todas las provincias tenemos problemas de caja, y cualquier gasto que se agregue al presupuesto genera un desequilibrio», advirtió el funcionario.

En esa línea, enfatizó que en la ronda de diálogo que lleva adelante la Presidente en Balcarce 50, los gobernadores le están planteando los apremios en las cuentas locales y la necesidad de remesas nacionales para hacer frente a nuevos incrementos, hoy vedados en general por la sequía de recursos.

«El aumento no es extemporáneo ni inconsulto porque lo decidió un consejo del salario, pero el efecto que tendrá en el interior es innegable», coincidió otro titular de Hacienda provincial.

Los tironeos se dan en el marco de la desaceleración de los ingresos de las provincias, de la mano de la merma en los envíos de coparticipación y de las recaudaciones locales producto del conflicto con el agro, la crisis internacional y, ahora, el impacto recesivo de la gripe A.

Mientras tanto, crece la efervescencia en los gremios provinciales en materia de reclamos, alimentados ahora por el anuncio nacional, pese a la insistencia de los gobernadores en que no habrá nuevos aumentos.

En Córdoba, por caso, ayer se movilizaron docentes y estatales. «Todos los convenios colectivos que se están firmando están hablando de una pauta para el año del 20%; nosotros hemos firmado una pauta del 11%, así que el piso para esto está dado por la realidad», aseguró el gremialista José Pihen.

En tierras de Daniel Scioli, en tanto, estatales y docentes exigen la reapertura de las discusiones paritarias durante este segundo semestre, aunque el Gobierno insiste en que no habrá un nuevo incremento, más allá del de 9% otorgado a principio de año.

En este marco, fuentes de la cartera de Trabajo bonaerense, que conduce Oscar Cuartango, remarcaron que la suba del salario mínino no es vinculante, y que de todas formas el promedio en la provincia es de 35 horas de trabajo, con un salario mínimo que ya ronda los acordados 1.500 pesos.

En el ámbito privado, en tanto, crecieron las advertencias de empresarios del interior. «Cargarle otro costo operativo a las empresas es condenarlas a la desaparición y a la baja del empleo», disparó, por caso, el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Roberto Lugo, además de adelantar que planteará «la situación particular del comercio en el Nordeste» en un encuentro que mantendrán hoy las cámaras de comercio del país en Buenos Aires.

«Tiene que negociarse en cada caso y no se puede generalizar; resolver todo desde Buenos Aires sin tener en cuenta las distintas realidades, los salarios, los fletes, los costos de energía, es algo que no funciona», aseveró el titular de la Unión Industrial de Jujuy, Ernesto Altea.