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Alerta: purga para evitar nuevos motines policiales
En diciembre, efectivos de casi todo el país protagonizaron un reclamo salarial que derivó en saqueos.
La reacción mixtura exoneraciones, cesantías y suspensiones de la fuerza, y genera malestar en el interior de las filas policiales.
El posicionamiento duro de los Ejecutivos funciona en los hechos como una advertencia a los efectivos en actividad para desalentar el desarrollo de nuevos motines, como los que tuvieron en vilo al país en diciembre pasado y derivaron en saqueos generalizados con saldo trágico.
Las resoluciones de los gobernadores se dan en paralelo a las causas que avanzan en la Justicia
Pero además tienen su correlato a nivel nacional: días atrás, el Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de Aníbal Fernández (FpV) que implementa "sanciones e inhabilitaciones" a policías de las fuerzas nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires que dejen de prestar servicio "injustificadamente".
La iniciativa contempla además la pena de "prisión de dos a ocho años" para el caso de que, como consecuencia del "abandono u omisión" de tareas, "se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años".
Por de pronto, la última movida a nivel de gobernadores corrió por cuenta del Ejecutivo de San Luis, que lidera el justicialista Claudio Poggi.
Allí el Ministerio de Seguridad confirmó la separación de la fuerza de tres efectivos y de la suspensión de un cuarto por 30 días, como resultado de las investigaciones que el Gobierno provincial lleva adelante tras el acuartelamiento de agosto pasado, que incluyó la toma de la Jefatura.
Por esa rebelión, ya fueron separados de su cargo 26 uniformados: 18 dados de baja el año pasado, y 8 cesanteados. Además, otros 7 recibieron suspensiones, y entre los sancionados hay efectivos que pertenecen a las unidades regionales I, II y III.
Mientras tanto, avanzan las causas presentadas ante la Justicia provincial, en pos de dirimir las responsabilidades penales de los involucrados.
En sintonía, en Córdoba, el también peronista crítico José Manuel de la Sota dispuso la cesantía y separación de la fuerza de 23 de los cerca de 30 uniformados retirados y en actividad que desplegaron una reunión de tono sindical el pasado 28 de junio en la ciudad de Villa María.
El encuentro -gestado a partir de una convocatoria de la Asociación Gremial 7 de Agosto, que no cuenta con personería oficial- fue interrumpido por el desembarco en el lugar de un comisario de la zona y sus oficiales y, posteriormente, por el jefe de Policía, Julio César Suárez, y por el ministro de Gobierno provincial, Walter Saieg. Finalmente, todos fueron detenidos, aunque luego recuperaron la libertad.
Los desplazados por orden del Gobierno son 11 efectivos activos, 11 retirados y un penitenciario, que se toparon con la exoneración a menos de una semana de haber protagonizado aquel encuentro.
De la Sota apeló para ello a la aplicación por primera vez de la Ley Antimotines, sancionada meses atrás a instancias del oficialismo local.
De la mano de un comunicado oficial, el Ejecutivo argumentó que los efectivos incurrieron en "conductas de insubordinación e indisciplina" que afectaron el "prestigio de la institución".
En esa línea, enfatizaron que la norma contra motines prohíbe a los policías reunirse con motivos gremiales, y además denunciaron que los cesanteados "participaron de una posterior situación violenta, hostil y tumultuosa, avalando las agresiones físicas y descalificaciones verbales hacia los superiores que se apersonaron en el lugar".
Pesa sobre los hombros del mandatario mediterráneo el lastre de conducir la provincia en la cual se inició -el 3 y el 4 de diciembre- la catarata de autoacuartelamientos policiales de diciembre, y los consiguientes saqueos.
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