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Allanan Covelia, recolectora en la mira de Suiza
Carlos Vázquez
Bajo secreto de sumario, Canicoba Corral ordenó el allanamiento en el estudio que figura como domicilio legal de Covelia, en Independencia y la avenida Huergo. Del lugar fue retirada documentación relacionada con un contrato por un crédito que pidió en 2005 la compañía por 1,8 millón de dólares a una sociedad uruguaya. En el expediente, iniciado a raíz de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, la recolectora está acusada de haber supuestamente encubierto una operación de lavado de dinero por parte de la sociedad uruguaya.
La denuncia de Stornelli quedó radicada en el juzgado de Canicoba Corral, que el viernes levantó el secreto de sumario, y el procedimiento del jueves fue realizado a pedido del fiscal Patricio Evers. Los investigadores lamentaron que el allanamiento al estudio de Vázquez se hubiera producido dos días después del asesinato de uno de sus hijos y alegaron que desconocían que se tratara de la misma persona.
Covelia ya es objeto de estudio como consecuencia de un exhorto de fiscales suizos que pidieron a la Justicia argentina datos sobre posibles expedientes en los que fuese investigado Pablo Moyano, hijo del líder de la CGT, o sus familiares en su eventual vínculo con la compañía. El exhorto surgió tras el bloqueo de una cuenta por 1,8 millón de dólares (un monto similar al del crédito tomado por la firma y que fue objeto de la denuncia de Stornelli) a nombre del dueño de Covelia, Ricardo Depresbíteris, y de su mujer, Marcela Elvira Mete.
Derivado de ese pedido de Suiza en la Argentina el juez federal Ariel Lijo abrió una suerte de investigación espejo en la búsqueda de causas en trámite en contra de los Moyano, que fue archivada meses atrás.
El abogado de la recolectora, Gabriel Len, explicó que la documentación relacionada con el crédito tomado en 2005 ya había sido ofrecida al juzgado semanas atrás. Según los directivos de Covelia, el préstamo fue tomado «conforme la normativa vigente» al momento de realizarse la operación y que además «fue cancelado en tiempo y forma».
La acusación original da cuenta de que el crédito por 1,8 millón de dólares fue tomado por Covelia de la firma uruguaya Trinity Fair, en 2005, mediante Down Stream Company. Al momento de la adopción del préstamo Depresbíteris figuraba como jefe de compras de la empresa de recolección.
La compañía creció de manera exponencial en los últimos años y obtuvo contratos en varios distritos bonaerenses y del interior del país. Su supuesta ligazón con Moyano tiene que ver con denuncias públicas del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, sobre presuntas presiones del jefe de los camioneros a favor de esa firma, y con comentarios de otros jefes comunales en el mismo sentido, pero en reserva.


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