Amenazan con ampliar denuncia ante el CIADI

Celso Jaque

Mendoza- La llegada del verano y la sequía imperante en la zona cuyana encendieron el alerta sobre la posibilidad de que se profundicen las deficiencias en el servicio de agua potable en la provincia, en medio de un extendido proceso de intervención estatal sobre la empresa Obras Sanitarias SA que derivó en la declaración de emergencia hídrica y cloacal por 180 días.

En tanto, los accionistas franceses que fueron desplazados de la conducción hace cuatro meses por disposición del Gobierno de Celso Jaque, no sólo mantienen un reclamo judicial en los tribunales del CIADI (sostienen presuntos incumplimientos por parte del estado provincial), sino que ahora sumarían un planteo de inconstitucionalidad por la acción del Estado mendocino. De prosperar, el reclamo representaría una sentencia de casi u$s 200 millones que debería pagar la Nación y que, incluso, podría ser descontado luego de la coparticipación que le corresponde a la provincia mensualmente.

En ese contexto, el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Javier Montoro, insistió en los últimos días en que la crisis que afecta a 400 mil usuarios es producto de «10 años de desinversión de la empresa concesionaria».

Si bien durante los casi once años de concesión el Gobierno mendocino sólo había habilitado una actualización de las tarifas cercana al 19%, como primera medida de la intervención encaró una suba escalonada de hasta el 37% en las boletas para encarar obras que permitieran garantizar el normal suministro. Sin embargo, la propia intervención reconoció luego que el ajuste sólo aporta fondos para atender el servicio y resulta insuficiente para encarar aún un plan de inversiones que permita solucionar el problema del agua para los mendocinos.

La conducción de la empresa respondía al operador francés Saur, con el 32% del consorcio, en el cual también participa la provincia con un 20% y los obreros con el 10%.