América Latina todavía es zona de peligro para los periodistas

En América Latina sigue habiendo regiones en las cuales la ley protege el ejercicio de la libertad de prensa pero no lo hace el Estado, al punto de que los periodistas están en inmediato riesgo físico. Tal es la conclusión del informe «Indicadores de periodismo y democracia en América Latina», que cada dos años elaboran en forma conjunta el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.

No se habla aquí exclusivamente de presiones estatales. El profesor de la Universidad Austral, Fernando J. Ruiz, autor del trabajo, habla de «un crecimiento de la sociedad incivil, narcos, maras, paramilitares» que vuelve a los periodistas víctimas de «la agresión del crimen organizado». El informe identifica estas «zonas rojas» para el ejercicio de la profesión con provincias o departamentos de Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú, México, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Guatemala y Honduras.

También se han verificado agresiones por parte de sectores sociales que «en sus protestas y conflictos estigmatizan a los periodistas y a los medios como enemigos y muchas veces eso lleva a agresiones directas».

El momento no podía ser más oportuno para la presentación en Buenos Aires de un informe que también detectó, en palabras de Ruiz, «una tendencia de la clase política a recuperar poder e iniciativa en la agenda en su relación con los medios». El documento habla de «una fuerte renovación del marco regulatorio y una mayor decisión política en su aplicación» y señala que el vacío legal en materia de medios audiovisuales abre la puerta a estas iniciativas oficiales que, si bien apuntan a «la promoción del pluralismo y la legalidad en el campo audiovisual», en varios casos tienen una motivación sectaria y pueden apuntar más bien a «castigar a los que son percibidos como enemigos políticos» especialmente «en los países donde la discusión política está más polarizada».

División

Ruiz define a este trabajo, que divide la región en zonas según el grado de libertad vigente para el ejercicio de la tarea periodística, como un «mapa del estado de derecho en América Latina».

En ese sentido, Cuba por un lado y Chile y Uruguay por el otro ocupan los dos extremos del espectro. Los dos últimos comparten una zona en la cual si bien existen aún «leyes mordaza», no hay «prácticas mordaza». Cuba, en cambio, se lleva las palmas en materia de monopolio de prensa, en este caso estatal. A continuación, el informe menciona a Guatemala, país en el cual «un sólo grupo empresario tiene el control casi absoluto de la televisión abierta» y a Venezuela, donde «la presión creciente del presidente Hugo Chávez está logrando uniformar el mercado audiovisual».

Andrés Cañizález, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, de paso por Buenos Aires para la presentación del trabajo, dijo que en Venezuela no corresponde hablar de «medios públicos o estatales, sino gubernamentales, muy apegados a la agenda que marca Chávez».

Argentina participa de dos zonas. La «violeta» abarca la mayor parte del país, por la existencia de leyes mordaza (aunque su pronta derogación ha sido anunciada por la presidente Cristina de Kirchner) y de prácticas mordaza, como el favoritismo en la asignación de publicidad oficial y de licencias de radio y televisión, entre otras. Algunas provincias -San Luis, Santa Cruz, Formosa y La Rioja- están en la zona «marrón», porque si bien la ley protege el ejercicio del periodismo, éste suele padecer intimidación, hostigamiento o despido, por parte tanto del Estado como de grupos privados.

El informe fue elaborado con datos aportados por Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la OEA, Freedom House y ONG nacionales como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Federacao Nacional dos Jornalistas de Brasil o el Observatorio Nacional de Medios de Bolivia, entre muchos otros.