Amparo colectivo pide que se anule traspaso de datos de la ANSES

El juez en lo contencioso administrativo platense Adolfo Ziulu definirá hoy la “medida precautelar” solicitada para que se anule el convenio oficial.

Marcos Peña

 Un amparo colectivo presentado ante la Justicia federal de La Plata insistió en una demanda para que se prohíba la utilización de datos personales de los ciudadanos contenidos en la base de la ANSES para objetivos de comunicación del Gobierno. AJUS, una organización de abogados filo kirchnerista solicitó una "medida precautelar" que suspenda la utilización de información no permitida por la Ley de Datos Personales, específicamente lo que respecta a correos electrónicos y teléfonos que sí están en los registros almacenados en el organismo de la seguridad social. Hoy deberá definir, por el carácter del planteo, el juez Adolfo Ziulu. Se trata de uno de los varios expedientes presentados, que incluyen una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, entre otros funcionarios del Ejecutivo.

La Asociación AJUS (Abogados por la Justicia Social) de La Plata, Berisso y Ensenada interpusieron una demanda colectiva contra la Resolución N°166 de la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre el convenio firmado con ANSES para compartir la base de datos, medida que fue cuestionada por la mayor parte del arco político y de los especialistas.

"Solicito medida cautelar interina que, mientras se sustancia el informe previsto en el art. 4 de la Ley 26.854 y hasta que el juez se encuentre en condiciones de resolver el planteo cautelar, ordene que se abstenga de transferir a la Secretaría de Comunicación Pública los datos no expresamente autorizados por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, en concreto, teléfonos y correos electrónicos", afirmó el escrito al que tuvo acceso Ámbito Financiero. "Se requiere la suspensión de la aplicación de la Resolución y, si la información ya ha sido total o parcialmente transferida, que se prohíba a la Secretaría de Comunicación Pública utilizarla de cualquier forma, hasta tanto se dicte sentencia de fondo", completó la demanda sobre la sospecha de que la base de datos fue efectivamente transferida, según se denunció en el juzgado que comanda Ariel Lijo, quien tiene la denuncia penal contra los funcionarios.

"La acción resultará de todos modos procedente ya que afecta a una cuantiosa parte de la población y en particular a dos sectores desaventajados socialmente, aquellos que necesitan de una prestación social del Estado porque por sí mismos no pueden sostenerla y las personas de la tercera edad", sostuvieron desde AJUS. "Solamente resulta legalmente válida la entrega de datos o informaciones referidas a Nombre y Apellido, DNI, Identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio. Lo que exceda a esa nómina, incluso mail y teléfono, aún cuando la cláusula 2da. del Convenio lo establezca es manifiestamente nulo por no contar con el consentimiento de sus titulares, violando lo establecido por la ley", indicaron como fundamento principal, que se suma a otros amparos que no prosperaron durante la feria judicial de invierno, y que aguardan una resolución en la Justicia en lo contencioso administrativa de la Capital Federal.

Gabriel Morini