Analizan nueva norma para bonistas

El kirchnerismo no puede aún dormir tranquilo en el Congreso por este año y no sólo porque falta la sanción del Senado del Presupuesto 2010, la prórroga de impuestos y la suspensión por dos años de la Ley de Responsabilidad Fiscal para liberar a las provincias del corsé que les puso esa norma a sus deudas hoy fuera de control y al déficit. Hay otra ley que Cristina de Kirchner necesitará desde el 10 de diciembre mucho más que las votadas el miércoles y que aún no tiene definición en la Casa Rosada: la prórroga de la Emergencia Pública, imprescindible, entre otras cosas, para definir el futuro de las tarifas, si la Presidente no quiere tener que pedirle autorización al Congreso ante cada cambio. Pero ahora el Gobierno analiza no sólo prorrogarlo, sino ampliar las facultades a una nueva ley de emergencia que contemple también los cambios que deberán hacerse en el caso de que se llegue a un acuerdo para reabrir el canje de deuda con los holdouts, los acreedores que quedaron fuera del canje inicial y habilitar al mismo tiempo la refinanciación o pago, si se llega a un acuerdo, con el Club de París.

La primera operación necesitará que se modifique la «ley cerrojo» que bloqueó cualquier canje futuro, votada por pedido de Roberto Lavagna; pero como el Gobierno no quiere mostrar debilidad en medio de una negociación que todavía no tiene rumbo claro, se analiza ahora que el Congreso, mientras los Kirchner aún mantengan control de los recintos, faculte al Gobierno a llevar adelante el nuevo canje.

Pero la resolución se tomará recién después de que Cristina de Kirchner vuelva de su gira a la India y de que Amado Boudou avance con las negociaciones con fondos de inversión y bonistas.

En Diputados se espera el proyecto de prórroga de la emergencia desde hace meses. De hecho, todo estaba preparado para debatirla junto con el paquete económico que por 136 votos consiguió sancionar el Gobierno. Pero la exclusión del paquete no fue un olvido esta vez: en la Presidencia aún se analiza si se renovará esa norma que Cristina de Kirchner siempre se negó públicamente a aceptar, incluso para su marido (aunque el año pasado cedió y la ordenó aprobar para su propia presidencia) o si necesitará ampliarla antes de que el kirchnerismo pierda la mayoría en Diputados y Senado frente a la oposición el próximo 10 de diciembre.

Nunca como ahora el Gobierno necesitará de esa ley que usó Eduardo Duhalde para salir de la convertibilidad en 2002, fijar la emergencia ocupacional que abrió el camino a la doble indemnización, pesificar la economía, postergar pagos de deuda y renegociar marcos regulatorios y tarifas de servicios públicos privatizados.

De todos esos superpoderes que se fueron prorrogando año tras año, sólo queda con operatividad absoluta la facultad de renegociar contratos con empresas de servicios públicos privatizados. Con la mayoría que tendrá la oposición unida a Cristina de Kirchner le quedarían sólo dos caminos: dejar que rijan los contratos originales en las empresas de servicios, es decir, los vigentes al momento de la devaluación en enero de 2002 o pedirle al Congreso que en lugar de avalar las renevociaciones en la Bicameral, apruebe por ley cada uno de los contratos renegociados, lo que hasta ahora se había evitado con la Ley de Emergencia Pública.

En las empresas creen que finalmente no habrá una prórroga de la emergencia, pero resulta difícil creer que Cristina de Kirchner aceptará que los contratos y las tarifas vuelvan a regirse con las normas vigentes en los 90.