Aportes electorales: Gobierno lanza ley; insólita propuesta K

El proyecto que impulsa el oficialismo fue craneado por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez. Frente para la Victoria abandona siesta vía Máximo Kirchner y empuja ley propia.

urgencias. El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, apuró la ley en medio de una grave denuncia contra María Eugenia Vidal. Máximo Kirchner aprovechó el golpe y quiere más financiamiento electoral desde el Estado.

En medio de graves denuncias por aportes electorales falsos que apuntan de manera directa a la gobernadora de Buenos Aires y joya del PRO, María Eugenia Vidal, el Gobierno precipitará en las próximas horas un proyecto de ley hacia Diputados sobre financiamiento político.

La iniciativa, craneada desde hace un año por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, modifica la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, así como algunos puntos del Código Nacional Electoral, entre otras cuestiones. Veamos los objetivos de la ley:

Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, con el objeto de que en todos los casos se permita la identificación clara y fehaciente del donante así como la trazabilidad del dinero.

Se habilita el aporte de personas jurídicas -empresas-, estableciendo un tope del dos por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido.

Al estar prohibida la compra de espacios en medios de comunicación audiovisual, se estima que gran parte de estos gastos recaen en la publicidad de vía pública. Por eso se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral. De esta manera se busca hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos, evitando la presentación de facturas apócrifas o la justificación de gastos no realizados, entre otras cuestiones.

Se incorporará la colaboración entre la Cámara Nacional Electoral y la UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, Oficina Anticorrupción y cualquier otro organismo que la Justicia estime conveniente. Se establece la obligatoriedad para que estos organismos públicos compartan la información con la Justicia Electoral, a fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros, quienes cargan con gran parte de la responsabilidad por las rendiciones de aportes y gastos. Para darle mayor rigurosidad a estas disposiciones el proyecto incorpora la obligación de que uno de los responsables económico financieros sea un contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria.

Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días. Se trata de una demanda para dar mayor equidad en el proceso electoral.

Habrá sanciones para quienes otorguen beneficios materiales con el fin de lograr que se vote de un modo determinado, tipificando así en forma expresa al clientelismo político como acto ilícito. También se establecen sanciones específicas para quienes utilicen recursos con los que cuentan en su calidad de funcionarios públicos para promover o perjudicar a un candidato, o para coaccionar a sus subordinados a participar de actividades de campaña, o que condicionen la prestación de un servicio a su cargo al apoyo político.

Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones con motivo de la violación de normas vinculadas al régimen de financiamiento.

Se incorporará la opción para que cuando las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran al régimen de simultaneidad de elecciones de la Ley 15.262, puedan también adherir al régimen de financiamiento previsto por la normativa nacional, así como a la regulación de campañas del Código Electoral Nacional.

Creación de 17 cargos nuevos de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento.

Siesta K

El diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner presentó ayer una iniciativa que, según un comunicado, "busca hacer más democrático el financiamiento de los partidos políticos con una participación más activa del Estado". La iniciativa "contempla el financiamiento de la publicidad en internet y prohíbe el aporte de empresas". A su vez, "pretende sanciones más fuertes para quienes violen la ley y mayores controles con participación del Congreso".

La ley también busca garantizar "el financiamiento público y el libre acceso por parte de todos los partidos políticos a la producción y publicación de su propaganda electoral en la web".