Aprobó el Senado limitar las cautelares casi sin cambios

Los senadores seguían desde sus bancas la marcha de la protesta fuera del Congreso. Miguel Pichetto encabezó la defensa del proyecto. Gerardo Morales hizo lo contrario por la UCR.

El Senado aprobó ayer el proyecto más conflictivo del paquete de reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso: la limitación a las medidas cauterales contra el Estado por cuestiones patrimoniales. El kirchnerismo logró 39 votos a favor (contra 29 de la oposición) con la ayuda de senadores propios, el Movimiento Popular Neuquino, Nuevo Encuentro, la pampeana María de los Ángeles Higonet y el correntino del Frente de Todos, José María Roldán.

Tras la reapertura del debate en el plenario de comisiones del martes pasado y la participación del CELS en esa reunión, se había anticipado que el kirchnerismo introduciría modificaciones al proyecto. Pero ninguna de ellas respondió a pedido alguno de la oposición y sólo tocaron en parte algunos de los cuestionamientos que hizo Horacio Verbitsky en ese encuentro. Es decir, ninguno de los cambios llegó a modificar el cuestionamiento central de que el proyecto limita el derecho de los particulares a defenderse de una potencial arbitrariedad del Estado al no permitir que la Justicia disponga una medida cautelar contra la aplicación de un decreto o ley que luego podría ser declarado inconstitucional.

El argumento oficial para limitar el uso de esas cautelares es que ante la imposibilidad de que el Estado quiebre, a diferencia de un particular, cualquier daño sobre el patrimonio de un ciudadano siempre puede ser compensado, algo que casi toda la Justicia y la doctrina constitucional local no acepta.

Una de las modificaciones introducidas establece entonces que la cautelar dictada por el juez competente tendrá eficacia "cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental".

Además, se agrega un párrafo al artículo 17, donde establece que "cuando se produzcan actos que entorpezcan la continuidad o regularidad de los servicios públicos", el Estado nacional podrá presentar "todo tipo de medidas cautelares tendientes a garantizar la prestación de esos servicios". 

"Hemos logrado un texto mucho más amplio y comprensivo, que le da tranquilidad a la ciudadanía y apunta a preservar los derechos individuales", dijo ayer Miguel Pichetto en el debate. "Dicen que no hay diálogo, pero no comparecen; los invitan y no van".

Por su parte, el senador de la UCR Ernesto Sanz criticó duramente el proyecto al señalar que no es correcta su construcción jurídica: "No han convencido a los propios. Como es malo de lo jurídico, se refugian en el tema de proteger al Estado de las 'corpo'. Pudo haber incentivado desde la ética a mucha gente, pero ahora, aplicado a casos concretos, no".

Más técnico, el socialista, Rubén Giustiniani aseveró que el proyecto "produce la afectación del principio de no regresividad al retrotraer o menoscabar un derecho ya reconocido o desmejorar una situación jurídica favorable al trabajador, al jubilado, al usuario de bienes y servicios, a los pueblos originarios, a la persona con problemas de salud, a los habitantes que pretenden proteger el patrimonio cultural o arquitectónica de una región, a quienes defienden al medio ambiente, porque afectará derechos fundamentales".

Por el radicalismo, Luis Naidenoff relacionó el proyecto de ley con la puja judicial que por estos día protagoniza el Gobierno con el Grupo Clarín por la aplicación de la ley de medios: "La vida no es Clarín, va mucho más allá de una confrontación con un grupo". Luego comentó que "esta ley es de gravedad absoluta. Se despoja al ciudadano de las garantías sobre el Estado. Se avanza sobre el Estado de derecho y se rompe el principio de igualdad ante la ley".

En tanto, el oficialista Pedro Guastavino, titular de la Comisión de Justicia, aseguró que "hay muchas provincias que tienen regulada la aplicación de cautelares contra el Estado" y que este proyecto "viene a subsanar una laguna para proceder judicialmente contra el Estado nacional". Subrayó además que "en la actualidad un juez incompetente puede dictar una medida cautelar, y esto cambia con el proyecto, porque los jueces deberán abstenerse de dictar una medida cautelar cuando no tengan competencia en la causa".

Otro radical, Mario Cimadevilla, se despachó: "No se está democratizando la Justicia. Esto tendría sentido si la Argentina tuviera una Justicia ágil y eficaz para resolver causas. Esto violenta la igualdad de las partes en el proceso".

El radical opinó que, de aprobarse, esta ley "generará una situación de privilegio de una de las partes que es el Estado", ya que "hay derechos que van a quedar desprotegidos", como "la libertad de expresarse o los derechos políticos que van a quedar sin ningún tipo de tutela ni amparo".