Argentinismo: juez contra Macri por no dar una casa

Mauricio Macri y la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, fueron denunciados por la posible comisión de delitos de «acción pública» por un juez, que los acusó por la falta de respuesta habitacional a una mujer con cinco hijos que fue desalojada el mes pasado. La denuncia fue presentada por el juez en lo Civil Gustavo Caramelo, quien les imputó a los funcionarios «dejadez burocrática».

La denuncia evoca el caso tratado por la Corte Suprema en septiembre pasado en una audiencia pública de una mujer que demandó al Ejecutivo porteño por una solución habitacional, y que todavía está pendiente de resolución. En la denuncia planteada por Caramelo, el magistrado intimó a Macri a dar hoy una solución efectiva a la mujer y a sus cinco hijos, y en caso de dilaciones le fijó una multa de $ 3.000 «por el primer día de demora» para destinarlo a que la denunciante pueda acceder a una vivienda, más $ 100 diarios «hasta el efectivo cumplimiento».

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El expediente arrancó en julio con la orden de desalojo por incumplimiento en el contrato de alquiler de la mujer, identificada por las siglas NEFG, que alcanzó a sus cinco hijos de 14, 12, 7 y 6 años, y de siete meses. Caramelo dijo haber apelado a varias instancias del Ejecutivo porteño para reclamar que le fuese ofrecida a la mujer una solución habitacional antes del 28 de octubre pasado, fecha del desalojo, lo que no se cumplió.

De acuerdo con el sumario, el día pautado para desocupar el inmueble la mujer fue informada por funcionarios de la Ciudad de que tenía a su disposición «un cheque por $ 1.200 para que se consiguiera una vivienda y que luego le darían $ 800 por seis meses». La denunciante dijo que prefería que se le facilitase un lugar donde alojarse con sus hijos próximo a la escuela a la que concurrían los menores. Según el magistrado, la familia quedó en situación de calle.

La demandante es una mujer que se desempeña como empleada doméstica, con un ingreso mensual aproximado de $ 800, y que cuenta además con un subsidio de $ 900 por el programa Ciudadanía Porteña y con unos $ 600 por mes aportados por el padre de uno de sus hijos.

«Como juez, no puedo admitir que la burocracia local intente soslayar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales», señala Caramelo en su denuncia.