Uno de los casos más recientes y espectaculares que atizaron la controversia fue el asesinato de una dentista en San Pablo, quemada viva a fines de abril por un joven de 17 años tras un asalto, debido a que la víctima sólo tenía 30 reales (unos 15 dólares).
Días antes, dos menores de 14 y 15 años habían matado a una mujer de 70 a cuchilladas cuando pretendían robarle un automóvil y, en marzo pasado, un hombre fue asesinado en la puerta de su casa por un ladrón que días después cumplió 18 años, por lo que sólo pasará un breve período en un centro de reeducación. Ambos casos también ocurrieron en San Pablo.
Esa ciudad y el estado homónimo vienen experimentando desde hace tiempo un empinamiento de la violencia criminal. Por caso, Amnistía Internacional constató en su reciente informe sobre la situación de los derechos en el mundo que en ese estado "el número de homicidios aumentó espectacularmente" y que entre enero y setiembre del año pasado se produjeron 3.539 asesinatos. También hubo un "pronunciado aumento" de los homicidios de policías: sólo en noviembre murieron más de 90", indicó.
Frente a esos hechos, que engrosaron una larga lista de crímenes cometidos por menores, el gobernador de San Pablo, el socialdemócrata Geraldo Alckmin, propuso al Congreso endurecer las penas para los casos de asesinatos, violaciones y otros delitos graves. La propuesta fue respaldada por personajes de la farándula como la popular "Xuxa" y por algunos partidos políticos, como el Social Cristiano (PSC). El debate se extendió también a las redes sociales, en las que algunas voces exigen reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años.
Del otro lado están grupos de derechos humanos y el Gobierno, que se pronunció a través del ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso.
"Estoy en contra. Quien crea que con una varita mágica resolverá la criminalidad esconde los problemas reales que hoy afligen a la sociedad", declaró Cardoso.
"La Constitución prevé que la imputabilidad penal se aplica desde los 18 años y eso es un derecho consagrado", dijo el ministro, quien aseguró que con la "realidad carcelaria" del país sólo se lograría "agravar el problema", pues a su juicio las prisiones son "escuelas del delito".
El propio Cardoso ya ha calificado las cárceles brasileñas como "medievales" y ha admitido que "prefería morir" a tener que pasar años en esas prisiones, que los organismos de derechos humanos consideran "depósitos inhumanos".
De hecho, el mencionado informe de AI señaló que el año pasado había en las cárceles de Brasil un déficit de "más de 200.000 plazas, por lo que las condiciones crueles, inhumanas y degradantes eran habituales".
Según datos oficiales, en términos absolutos Brasil tiene la cuarta población carcelaria del mundo, por detrás de Estados Unidos, Rusia y China, con unas 514.000 personas recluidas en penales cuya capacidad solamente permitiría albergar al 70% de ellas.
Todos esos presos son adultos, pues los menores infractores son internados en centros de "reinserción socioeducativa" hasta los 18 años, cuando recuperan la libertad sin importar el delito cometido, según el Estatuto del Niño y el Adolescente.
Datos del Tribunal Supremo dicen que unos 18.000 menores son actualmente objeto de "medidas socioeducativas", que en la mayoría de los casos suponen reclusión en centros especiales.
De acuerdo con un informe de la Federación de Policías Federales, la participación de menores en delitos aumentó el año pasado un 14%, principalmente vinculados con las drogas.
La Orden de Abogados (OAB) de Brasil se sumó a la polémica y consideró que reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años no servirá para poner coto a la violencia. "Sería un retroceso para el país y transformaría a los jóvenes en delincuentes sujetos a la crueldad de las prisiones", dijo Marcus Vinicius Furtado, presidente de la OAB.
En su opinión, "aumentar el número de encarcelados sólo serviría para aumentar la superpoblación de los presidios, pero no tendría efectos reales sobre la inseguridad" y hasta pudiera agravarla a futuro, cuando esos menores recuperen la libertad tras haber pasado por el sistema penitenciario.
| Agencia EFE y Ámbito Financiero |
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