Artillería de EE.UU. incluye un arma clave: la garantía estatal

Lo que se le negó a Lehman (y se le retacea a Detroit) hoy no se le quita a nadie en Wall Street. Vaya si los tiempos cambiaron: no hubo titubeos a la hora de arrimarle un nuevo salvavidas a Citigroup. Y, esta vez, a diferencia de la primera dosis del plan TARP (u$s 25.000 millones en acciones preferidas), se trata de un chaleco entallado a medida. En rigor, la inyección adicional de u$s 20.000 millones en capital preferente es una anécdota. O una pudorosa cortina de humo. Lo trascendente es la voluntad de garantizar activos tóxicos. Puesta de manifiesto, paradójicamente, dos semanas después de descartar su compra en masa. Más aún: ayer el presidente Bush -que suele regalarle el primer plano al secretario Paulson cuando se ventilan estos temas poco agradables-dijo, con claridad, que si resultase necesario, la decisión se repetirá en el futuro «para salvaguardar a nuestro sistema financiero». No es aventurado afirmar que las instituciones del sistema sabrán tomarle la palabra al pie de la letra.

Con un patrimonio --valuado a mercado, en lo peor de la tormenta-de sólo u$s 20.000 millones y activos en balance por cien veces esa cifra, lo que Citi requería para domar el trance era fortalecer su capital tangible. El Tesoro pudo optar por suministrarlo. Debía volcar su asistencia a la compra de acciones ordinarias y no de preferidas.

Queda claro que el gobierno se inclinó por recorrer un camino-distinto y evitar la nacionalización de, por lo menos, la mitad del paquete accionario así como la toma de control (y el lógico recambio de autoridades).

Se ensayó, en cambio, una solución más generosa (con los dueños del Citi y sus gerentes, no con los contribuyentes). Se resolvió aislar una cartera de u$s 306.000 millones de activos de alta toxicidad. Son préstamos y bonos respaldados por inmuebles comerciales y residenciales más sus correspondientes coberturas. Entiéndase bien: no los va a comprar el Tesoro ni se los va a transferir a un hospital de bancos. Permanecerán en la hoja de balance de Citigroup pero serán garantizados por el Estado conforme un esquema de riesgos compartidos.

Distribución

Citi absorberá las primeras pérdidas de dicho portafolio hasta que superen u$s 29.000 millones (y se agoten las reservas ya provisionadas). A partir de allí, los quebrantos se distribuirán, pari passu, 10% en cabeza de Citi y 90% del sector público. El Tesoro (a cuenta del plan TARP) afrontará los siguientes u$s 5.000 millones de pérdidas y los posteriores u$s 10.000 millones recaerán sobre la corporación que administra el seguro de los depósitos, la FDIC. Mas allá de dicho límite, será la Fed la que pagará la factura (amén de proveer el financiamiento de la cartera a la tasa de fed funds más 3%). A cambio de la susodicha garantía, Citigroup entregará acciones preferidas por otros u$s 7.000 millones con un cupón de 8% (haciendo un total de u$s 27.000 millones de nueva emisión). El paquete se completa con varios accesorios, como la poda de dividendos y la promesa de moderación en las retribuciones. Incluye la cesión de warrants, que le permiten al Estado, si así lo deseara, adquirir acciones ordinarias de Citigroup -a un precio de u$s 10,61 que casi triplica al que regía el viernes-llevando el total de su participación potencial al borde de 8% del capital societario del banco.

Recorte

La necesaria reducción del apalancamiento se logra, pues, no por un incremento de capital tangible sino por un recorte de la exposición al riesgo. La garantía estatal constituye el componente clave de la operación. Su vigencia se extenderá por 10 años para los activos residenciales y por cinco años para los restantes. Mientras Citi se repliega y mejora su cobertura, es el contribuyente quien cubre las trincheras que deja vacante. Considerando un portafolio avalado de u$s 306.000 millones y que el banco responderá por los primeros u$s 29.000 millones de quebrantos, surge una exposición compartida de u$s 277.000 millones. De ahí en adelante, Citi no podrá perder más de u$s 27.700 millones (10%). El remanente -aproximadamente u$s 249.000 millones-se trasvasará a la mochila del sector público.

Esta exposición es un riesgo concreto que toma el Estado pero que, sin embargo, no choca, a diferencia de la colocación de acciones preferidas, con ninguna restricción cuantitativa impuesta por el Congreso. Ratifica pues que la artillería del gobierno para contener la crisis se extiende más allá del baúl de recursos del plan TARP. En los hechos, Paulson no compra los activos tóxicos pero se ofrece a hacerse cargo de una tajada sustantiva de las pérdidas que pudieran sobrevenir. Se trata, en principio, de un traje a medida de Citigroup. Y quizás, si la crisis no decanta, haya que alargarle las mangas.

Pero a nadie escapa que, más allá del talle de cada uno, alentará la demanda de abrigo en este crudo invierno boreal que se aproxima.