Atuel: Corte tomó puja de Mendoza y La Pampa

Oscar Jorge

En una sorpresiva decisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la disputa entre La Pampa y Mendoza por las aguas del río Atuel y les exigió a las dos provincias que, en el plazo de 60 días, respondan a diversas cuestiones relacionadas con el conflicto, en medio de un tironeo entre ambos distritos de larga data con varias mediaciones nacionales que, hasta ahora,cayeron en saco roto.

La intención del Gobierno pampeado liderado por Oscar Jorge había sido, en los últimos cinco meses, avanzar con la presentación de un juicio contra la provincia que gobierna Francisco "Paco" Pérez por el incumplimiento de un acuerdo sellado que data de 2008 y que -a instancias de la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner- ordenó la concreción de obras en el sur mendocino y un caudal mínimo para La Pampa.

El primer inconveniente surgido fue que dicho convenio -rubricado por Jorge y por el entonces gobernador mendocino Celso Jaque- nunca fue avalado por la Legislatura cuyana. El acuerdo imponía un cronograma de obras para producir un ahorro en las pérdidas por infiltración del Atuel a través de la impermeabilización de los canales de la red primaria y secundaria de riego en el sur mendocino.

Ayer, la Corte Suprema decidió a través de su titular, Ricardo Lorenzetti, y de los magistrados Helena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt que Mendoza deberá, dentro del plazo fijado, informar si el convenio de 2008 "fue ratificado por la Legislatura" o "cuáles fueron las gestiones realizadas por el Ejecutivo local para lograr ese propósito".

La resolución también establece que el distrito que gobierna Pérez tendrá que detallar, entre otros puntos, "si elaboró los proyectos para las obras de 'impermeabilización de las redes principales de riego del río Atuel en San Rafael, General Alvear y Carmensa', y de 'recrecimiento definitivo del canal marginal del río Atuel tramo IV', para transportar el mayor caudal destinado a La Pampa".

En tanto, la Corte le pide a La Pampa que señale "si el Poder Ejecutivo provincial cuenta con autorización legislativa para poder efectuar inversiones en territorio mendocino, a todos los efectos del convenio marco" de 2008.

Además, la Nación tendrá que explicar "si se ha otorgado asistencia financiera" a los dos distritros para la ejecución de obras que implica el acuerdo firmado por Jorge y Jaque, y si se ha constituido la "Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel".

El planteo contra Mendoza avalado por la Corte Suprema que lidera Lorenzetti -quienconfirmó a Ámbito Nacional la competencia de la misma en este conflicto- fue impulsado en 2010 por el abogado pampeano y actual fiscal Miguel Palazzani -representado en esa ocasión por Andrés Gil Domínguez-, e incluía una medida cautelar que ordenaba acciones urgentes para garantizar el mínimo caudal, la cual no fue avalada por el máximo tribunal de Justicia del país.