Auditoría que escondió Senado suma irregularidades

La auditoría sobre la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso (DAS) que ordenó en 2016 y luego no dio a conocer la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y que tras semanas de silencio consiguió Ámbito Financiero, suma irregularidades.

El grave panorama de la obra social -los trabajadores no pueden triangular aportes y se ven obligados, en gran parte, a abonar una prepaga- derivó en fuertes críticas hacia el líder del mayoritario sindicato legislativo (APL), Norberto Di Próspero.

Los resultados que comenzó a publicar este diario desde el viernes pasado muestran, por caso, que "el sistema que tiene" la obra social "es un software de desarrollo propio, basado en DOS, data de 1993 y contiene carencias y limitaciones varias, algunas de ellas significativas".

De hecho, las "transacciones" del sistema implementado desde 1993 "no tienen impacto contable". En ese sentido, se agrega: "La contabilidad se lleva en libros manuales y está 0% informatizada, incluso para fines de gestión interna. Los datos que surgen de los libros se vuelvan en planillas Excel para gestionar, con la consecuente demora y riesgos de integridad en el armado de la información".

Además, los estados contables correspondientes al ejercicio 2015 no se encuentran presentados dentro del término correspondiente", y se sostiene que la situación patrimonial de la obra social al 31 de diciembre de 2014 "era deficitaria".

Una nueva irregularidad: la auditoría advierte que la comisión que controla la DAS tiene que ser "presidida por un secretario o un prosecretario del Senado en los años pares, y por un secretario o prosecretario de Diputados en años impares". Cuando se inició el estudio se encontraba a cargo el vicepresidente de la DAS, "autoridad que no pudo" recibir "en reunión" a los auditores.

Los pasivos comerciales también gatillaron alertas. "La información genera el riesgo de toma de decisiones erróneas desde el punto de vista financiero, toda vez que no se tiene certeza de los montos adeudados, así como tampoco qué tan vieja es dicha deuda", informan los auditores.

El estudio también metió lupa en compras "significativas", como por ejemplo, para "obras realizadas en el entrepiso de Alsina 1825, compra de equipos e insumos informáticos, adquisición de herramientas eléctricas y de materiales para telefonía".

Según los auditores, "los expedientes de compra deben armarse por valores lo más adecuadamente determinados", e incluso deben "estar sustentados con información de soporte, de manera que el autorizante controle la razonabilidad de los mismos al momento de aprobar el pliego y la forma de contratación".

Para los expedientes de obras, se tendrá que "modificar el proceso de evaluación de los proveedores a fin de garantizar la elección de aquellos que tengan los antecedentes comerciales y financieros acordes a la normativa vigente".

Otro dato: existe desde la década del noventa un contrato entre la DAS y la empresa de sepelios Casa Sierra SRL, que apareció en el radar periodístico tras el asesinato de María Marta García Belsunce. Hasta 2002 otorgaba, además del servicio tradicional, otros beneficios que se desactivaron en 2002. Hasta 2008, se abonaba una "cápita por cada afiliado titular de la DAS" y que "desde esa fecha, el monto a abonar es una suma fija que se indexa con cada modificación del contrato". Los auditores encontraron "aumentos en los montos fijos superiores a la inflación real medida por cualquier organismo, sin incorporar tampoco nuevos beneficios".

Semanas atrás, la muy buena relación que tuvo Di Próspero con el exvicepresidente Amado Boudou quedó como brisa de un pasado lejano, y el sindicalista aplaudió semanas atrás junto a Michetti y al titular de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, la presentación de un polémico proyecto que crea un "Fondo Compensador" para la planta permanente del Congreso, que succionaría hasta el 4,5% de los sueldos para jubilaciones y pensiones.